El caso de los cinco jóvenes ejecutados en La Barranquita, Santiago, no puede convertirse en una estadística más, ni pasar a convertirse un expediente que termine engrosando los archivos de la infamia.
La decisión judicial de imponer prisión preventiva a cuatro de los once agentes implicados es un paso inicial.
La atención de la ciudadanía ha de estar sobre el proceso que seguirá este expediente, para evitar que las familias afectadas vean frustradas sus esperanzas de recibir la debida justicia en los tribunales.
Si horroroso es que agentes a los cuales se les confía la seguridad y la protección de la población incurran este tipo de barbarie, peor resultaría que se salgan con las suyas.
Nadie cree en el gastado argumento del “enfrentamiento” , del "intercambio de disparos".
Es necesario determinar por qué fueron ejecutados los ciudadanos Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
Nadie cree en el gastado argumento del “enfrentamiento” , del "intercambio de disparos". La línea entre el deber policial y el abuso de poder no puede seguir difuminándose bajo el discurso de "mano dura" para supuestamente combatir la delincuencia.
La justicia tiene ahora una oportunidad de enviar un mensaje claro: ningún uniforme otorga licencia para matar, ninguna placa policial está por encima de la ley.
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