La República Dominicana celebra elecciones presidenciales y congresuales el 19 de mayo de 2024. Por tal motivo, el período electoral finaliza pronto e inicia una nueva etapa en la sociedad dominicana. A decir verdad, la campaña vinculada a las dos funciones indicadas se desarrolla con un estilo silente y desmotivado, en un número significativo de partidos políticos. Parecería que las encuestas les succionan el entusiasmo; y, sobre todo, les lleva a tomar conciencia del déficit de propuestas para aportar soluciones a los múltiples problemas que afectan a este país. Sin embargo, exhiben vitalidad en el período de entrega de los recursos económicos a los partidos.
Observamos que los partidos políticos y hasta los que dudan de si son o no un partido reciben una elevada suma de dinero para financiar sus actividades en el período electoral. La Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, en el Título X del Presupuesto, los gastos de campaña y propaganda electoral, plantea con claridad los aspectos relativos a ejecución presupuestaria por parte de los partidos políticos. Pero, históricamente, se constata que la violación a las directrices de la Ley Electoral es una práctica recurrente. Se normaliza un modo de actuación contrario a las disposiciones de la Ley indicada. Aún más, no se aplica ningún régimen de consecuencias a los incumplidores.
Se registran casos de partidos políticos que no rinden cuentas y, si lo hacen, es incompleta. Han normalizado este modo de funcionar. Lo hacen con la complicidad de autoridades electorales; y con la de las instancias gubernamentales que regulan el patrimonio público. El dinero que reciben los partidos políticos tiene como base los impuestos que paga el pueblo; especialmente, los que tienen menos poder adquisitivo y ningún poder político. Es un dinero que lo aporta, también, las fuerzas productivas que todavía cuentan con restos éticos. Por ello, resulta insostenible que se avale con indiferencia el uso de un dinero que emerge de un pueblo sumido en la precariedad.
La Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, desde nuestro punto de vista, es poco explícita sobre el régimen de consecuencias para los partidos que utilizan los fondos con fines distintos a los consignados en la Ley. Ante tanta debilidad, los partidos políticos se burlan del pueblo; y ofrecen información incompleta, fuera del tiempo real. Sucede de igual manera en lo relativo a transparencia. La información sobre la calidad del gasto no ha sido posible lograrla. La fiscalización presupuestaria es mediatizada y los partidos políticos tienen exceso de creatividad e innovación, cuando se trata de recursos económicos. Necesitamos partidos políticos que no banalicen la ética ni la dignidad de la sociedad.
En la descomposición social que se vive en el mundo y, en particular, en la República Dominicana, la transparencia no es un rasgo opcional. Es un imperativo que los partidos políticos sean transparentes, que se les exija transparencia. Su actuación, caracterizada por el ocultamiento de la gestión económica, ya es inadmisible. Tienen que dar cuenta a la sociedad, no solo a la Junta Central Electoral. Esta rendición de cuentas debe conocerla todo ciudadano, no solo el que tiene acceso a la conectividad y a la prensa escrita. No todos los ciudadanos disfrutan del derecho a la conectividad. Por tal motivo, se han de desplegar esfuerzos para que la transparencia, más que una idea, sea realidad.
La información y la transparencia de la calidad del gasto de los partidos políticos es un derecho de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la Ley Electoral actual requiere revisión. Estos dos aspectos no pueden aparecer con tanta debilidad en la Ley señalada. Los partidos políticos no pueden continuar satisfaciendo sus intereses económicos, al margen de las necesidades sentidas y palpables de la mayoría de los dominicanos. La sociedad en su conjunto tampoco puede ser cómplice de la erosión económica que provocan los partidos políticos y los que no tienen ni estructura ni idea de lo que es realmente un partido, pero reciben dinero como si lo fueran.
Las instancias responsables de garantizar la aplicación de régimen de consecuencias para el uso indebido de los recursos económicos por los partidos políticos deben actuar. Su actuación debe ser coherente con la normativa y con el discurso que se utiliza. Es imprescindible impulsar el trabajo que prioriza la información verdadera y la transparencia en la gestión de los recursos económicos en los partidos. Estas entidades no pueden continuar funcionando medalaganariamente. No. Deben situarse en este siglo; y dejar prácticas que vulneran la integridad de su organización y de la sociedad dominicana.