Algunas cosas no andan bien en la administración pública, y en particular en los servicios que la ciudadanía esperaba quedaran resueltas con la llegada al gobierno de Luis Abinader.
Por ejemplo, el sector eléctrico. En el gobierno de Danilo Medina se adicionó la planta de generación a carbón Punta Catalina, para aportar unos 700 megavatios , aparte de otras ventajas, como ganancias financieras para el Estado, reducción de la dependencia de los generadores privados, que practicaban los llamados apagones financieros. Se entendía que el subsidio al sector eléctrico se iba a reducir.
El gobierno del presidente Abinader ha estimulado la inversión privada en generación eléctrica, especialmente por vía de la Comisión Nacional de Energía, con autorizaciones en energía renovable, como la eólica, energía a partir de biomasa, hidroeléctrica, con la que el Estado ya cuenta, y energía geotérmica y marina, que aunque requieren de gran desarrollo tecnológico, resultan atractivas.
Seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, que pagamos en dólares, y seguimos subsidiando un sector que mantiene la cultura o la costumbre del no pago de energía eléctrica porque es propiedad estatal, y como tal, no se paga y todo el mundo consume lo que desea, con altísimo costo para el país, sin consideración ni conciencia, y sin que el Estado pueda hacer mucho, porque no hay contadores ni posibilidad de cobranzas.
La presión política es otro problema. La falta de energía eléctrica genera muchas críticas al gobierno, y además de los sectores que no pagan la energía, a quienes se les corta cuando falta energía para cubrir toda la demanda, también los partidos políticos que no resolvieron el problema, salen en trulla contra el gobierno a criticar su falta de gerencia o de eficiencia para resolver este asunto.
Es evidente que el gobierno presione, por ejemplo, para que Punta Catalina se mantenga ofreciendo energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Eso resulta complicado, como acaba de explicar Celso Maranzini, el presidente del Consejo Unificado de las EDES y presidente de Punta Catalina: Que el sargazo ha sido un factor que no se tenía previsto, y que ha motivado el apagado de una de las plantas generadoras de Punta Catalina.
El problema sigue siendo muy grande, y continúa creciendo. El gobierno tiene que decidirse por cortar la energía a quienes no la pagan. Debe dejar de preocuparse por las críticas por los cortes de energía en tiempo de verano, porque el calor es agobiante. Hay que abrir un programa de incluir poderoso al sistema de cobro de las EDES. Quien no pague su servicio no puede recibirlo. El gran sacrificio es de la clase media, que paga o le cortan. Y paga su servicio, al precio que las EDES disponen y al mismo tiempo paga el subsidio que el gobierno invierte para saldar el déficit de las EDES y para sustentar las pérdidas y el no cobro de la energía.
El CREES acaba de publicar un gráfico, con datos, sobre la forma en que ha ido creciendo el subsidio al sector eléctrico. Se subsidia a los pobres y se subsidia a los ricos. Se subsidia también el combustible, y se subsidia a los sindicalistas del transporte. Y cada semana, al registrarse aumento en los precios del petróleo, el gobierno decide subsidiar siempre los aumentos. Y el sacrificio para todos es ya oneroso. Falta valentía para actuar, para tomar decisiones.
En el 2020 el subsidio al sector eléctrico fue de 483.7 millones de dólares, y el crecimiento ha sido extraordinario en esta administración, que no debió dejar que llegara hasta dónde ha llegado para el 2024: 1,769.1 millones de dólares.
Y aún así el gobierno se apresura a colocar toda la presión posible para que quienes no pagan la energía disfruten del servicio en tiempos de verano poderoso, como el que estamos disfrutando en estos meses.
Ahora es el chance de hacer que la gente que no paga comience a adquirir conciencia de que es un servicio vital, esencial, para nuestra comodidad y desarrollo. Si quieres tener energía eléctrica hay que pagar, como se pagan otros servicios también vitales, y que ser prestan en nombre del sector privado.
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