La Ley 01-24, que del Departamento Nacional de Investigaciones creó la Dirección Nacional de Inteligencia, enfrenta en estos momentos a la oposición y al gobierno.
Nadie podría exigir a la oposición que no critique ni enfrente las decisiones de gobierno, porque precisamente su papel de contrapeso parte de su capacidad para el disenso y el reclamo al poder. Y ambos, gobierno y oposición, se supone que representan a la ciudadanía que los vota en las elecciones.
Y hay motivos más que válidos para oponerse a que se otorgue a la DNI el poder discrecional de obligar a una persona o a una entidad a entregar información privada sin que se cuente con la autorización de un juez.
Pero llama la atención en este caso que los críticos más duros de la Ley 01-24 son los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP), cuyos legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, hicieron causa común con el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones para aprobar la referida ley.
En la Cámara de Diputados, de los cien representantes del partido oficialista, 77 votaron a favor de la nueva ley, dos se privaron de votar, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron.
En el caso del PLD, de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, dos en contra, uno se abstuvo de votar y 21 estuvieron ausentes.
Mientras que, en la FP, que ocupa 18 curules en la Cámara Baja, doce votaron a favor, ninguno estuvo en contra, dos se abstuvieron de votar y ocho ausentes.
Esta es una prueba más de que se requiere con urgencia mejorar la calidad del Congreso Nacional.
¿Qué pasó para que ahora los partidos que aprobaron la Ley 01-24 se contradigan?
Que nadie se sorprenda si ocurrió lo que en otras ocasiones: que el proyecto de ley fue aprobado sin que los legisladores se detuvieran a leerlo, a estudiarlo párrafo por párrafo para estar conscientes de qué exactamente iban a aprobar o a rechazar.
Son muchos los casos de leyes aprobadas sin que la mayoría de los diputados y senadores se detuvieran a estudiar sus textos. El caso más conocido de los últimos decenios fue el contrato del Estado Dominicano con la minera Barrick Gold, que en momentos en que la sociedad exigía su revisión, y que el entonces presidente Danilo Medina se esforzó para que así se hiciera, la mayoría de los legisladores dijeron que aprobaron el convenio que sometió la administración del presidente Leonel Fernández sin haber leído su contenido.
¿Fue eso lo que sucedió ahora? ¿Se aprobó la Ley 01-24 sin estudiar su contenido, sin leer el texto?
Esta es una prueba más de que se requiere con urgencia mejorar la calidad del Congreso Nacional. La primera responsabilidad es de los partidos políticos, que no son precisamente rigurosos a la hora de inscribir candidaturas. La segunda, y no menos importante, responsabilidad es de la ciudadanía, que deben ser más exigente a la hora de votar, más allá de simpatías con partidos y "líderes".