Durante los 20 años transcurridos entre el año 2005 y el 2024 el Poder Ejecutivo ha dejado de asignar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República (PGR) un total de RD$ 145,709.6 millones de sus presupuestos debido al no cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 194-04 de autonomía presupuestaria y administrativa promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 28 de julio del año 2004.
Este monto equivale al 39.0% de los RD$ 373,589.1 millones que se debieron asignar a los organismos mencionados durante el periodo señalado.
Un análisis de lo que dispone la citada legislación, así como del presupuesto y de los ingresos fiscales entre el 2005 y el 2024 muestra, que el Poder Judicial y la PGR han sido afectados por el no cumplimiento de la Ley 194-04 que dispone la autonomía presupuestaria y administrativa de este poder del Estado, lo cual pone en dudas la llamada independencia de estas instituciones establecidas no solo en la citada ley, sino en la Constitución de la República.
Según el Artículo 3 de la referida Ley el “Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), serán de por lo menos un cuatro puntos diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente:”. “Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá al Ministerio Público.
Para el cálculo de las asignaciones presupuestarias no entregadas al Poder Judicial y a la PGR se ha tomado como referencia los fondos percibidos de recursos internos de los ingresos públicos del Gobierno Central en el periodo analizado durante los últimos 20
años.
Según las estimaciones durante el periodo analizado el Poder Ejecutivo debió entregar al Poder Judicial si se hubieses cumplido con el mandato de la Ley 194-04, un monto de RD$ 242,832.9 millones, (2.67% de los ingresos internos) y solo le asignó RD$ 122,125.3 millones (1.34% de los ingresos presupuestados al FG), lo que representa un monto dejado de asignar ascendente a RD$ 120,707.6 millones.
En el caso de la PGR los fondos que debieron asignarle durante los años señalados suman
unos RD$ 130,756.2 millones y solo le fueron asignados RD$ 105,754.2 millones lo que arroja un total no asignados de RD$ 25,002.0 millones. Entre el año 2005 y el 2024 el Gobierno Central obtuvo ingresos internos por RD$ 9 billones 111 mil 628.9 millones (8 billones ciento once mil seis cientos veinte y ocho punto nueve millones).
Una cuestión relevante que resulta del análisis es, que el 47.8% de los fondos dejados de asignar durante el periodo señalado, ascendentes a RD$ 69,694.1 millones, corresponden a incumplimiento de la Ley 194-04 de autonomía presupuestaria y administrativa de las instituciones señaladas, en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader comprendidas entre 2021 y 2024, lo cual parece incongruente con la reciente reforma constitucional con el objetivo de reforzar la independencia de la PGR aprobada por la Asamblea Nacional. En efecto, entre el 2021 y el 2024 el gobierno de Luis Abinader dejó de entregar al Poder Judicial un total de RD$ 55,652.2 millones y a la PGE RD$ 14,042.0 millones.
El no cumplimiento de las disposiciones de la Ley 194-04 ha sido una constante durante los últimos 20 años dentro de los que se cuentan: los dos períodos de gobierno de expresidente Leonel Fernández entre 2004-2012, los dos periodos de gobierno del expresidente Danilo Medina entre 2012-2020 y durante los 4 años del gobierno del presidente Luis Abinader entre 2020-2024. Este incumplimiento tiene mucha responsabilidad de que pese a las disposiciones de la independencia del Poder Judicial, como uno de los tres poderes constitucionales del Esta, así como de la PGR, muestren serias carencias en cuanto a su disponibilidad de infraestructuras físicas, equipamiento, tecnología y bajos niveles de remuneración del personal formado por los jueces, fiscales y el personal administrativo, operativo y funcional de dichas instituciones.
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