La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha sometido a consulta pública una propuesta de modificación al Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros. Esta iniciativa marca un paso importante hacia una mayor equidad y transparencia en la relación entre las entidades bancarias y sus clientes. Sin embargo, su implementación tendrá implicaciones significativas para los bancos, tanto operativas como legales, que deberán adaptarse a un nuevo entorno normativo más exigente.
Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del control sobre el diseño y promoción de productos financieros. Esto obligará a las entidades a someter sus ofertas y campañas publicitarias a mayores filtros regulatorios, revisar internamente sus políticas comerciales y adoptar prácticas más alineadas con los perfiles de riesgo y necesidades del usuario. También se introduce la obligación de suspender el cobro de montos en disputa mientras se investigan consumos no reconocidos, lo cual podría afectar la liquidez temporal de las entidades y exigir un manejo más riguroso de los reclamos.
Además, se contempla el derecho del usuario a retractarse de un contrato dentro de un plazo específico, así como un tiempo de reflexión antes de su firma. Estas disposiciones implican una transformación en los procesos comerciales de los bancos, exigiendo mayor claridad y transparencia en las condiciones de contratación, y un enfoque más centrado en decisiones financieras informadas. Por otro lado, se amplía el plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Bancos cuando las respuestas de las entidades no sean satisfactorias o no se entreguen en el tiempo previsto, lo que aumenta la presión sobre los departamentos de atención al cliente y cumplimiento normativo.
El proyecto propone también la estandarización de términos relacionados con tasas y tarifas, lo que obliga a los bancos a revisar sus documentos contractuales y su comunicación con los clientes. Esta medida facilita las comparaciones entre productos y promueve una competencia más justa, aunque puede limitar las estrategias de diferenciación. Se prohíben además las cláusulas que permiten cambios unilaterales en tasas de interés, lo cual reduce la flexibilidad financiera de las entidades y exige establecer criterios más transparentes para cualquier variación.
Otro punto relevante es la eliminación de barreras administrativas que dificultan la cancelación o modificación de productos. Esto implica una reingeniería de procesos que permitirá a los usuarios salir o modificar contratos de forma más sencilla. A esto se suma la creación de una función especializada dentro del marco de supervisión, orientada a vigilar la conducta de las entidades con sus clientes, lo cual incrementa el nivel de fiscalización y obliga a reforzar los mecanismos de autorregulación y cumplimiento ético.
También se establece que los bancos serán responsables del comportamiento de sus agentes o terceros en los procesos de cobro, lo que requiere una supervisión más estricta de las agencias externas y la implementación de protocolos éticos en la gestión de mora. Finalmente, se reconocen derechos adicionales para los consumidores financieros, como el plazo de reflexión previo a la firma de los contratos y la posibilidad de retractarse por medios fehacientes.
No obstante, es importante destacar que todas estas propuestas, por más bien intencionadas que sean, deberán enmarcarse dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico vigente en la República Dominicana. Cualquier regulación que surja como resultado de esta consulta pública debe respetar el marco legal en materia civil y comercial, garantizando la seguridad jurídica y la coherencia normativa. Por tanto, si bien es loable buscar mayor protección al usuario financiero, ello no debe traducirse en un exceso regulatorio que vulnere principios básicos del derecho privado, ni en limitaciones indebidas al funcionamiento legítimo de las entidades financieras.
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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email abogadojesus@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.
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