El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) auspició la presentación del "Diagnóstico del Sistema de Conocimiento e Innovación Agropecuario de República Dominicana (SCIA-RD)".
El director ejecutivo del Idiaf, el doctor Eladio Arnaud Santana, destacó la relevancia del estudio como herramienta estratégica para la formulación de políticas públicas y el diseño de inversiones orientadas a modernizar el sector agrícola dominicano en el contexto de los desafíos del cambio climático, la seguridad alimentaria y la inclusión social.
El estudio fue dirigido por la doctora Deissy Martínez Barón, líder regional de Acción Climática para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en colaboración con la Alianza Internacional Bioversity y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La actividad se llevó a cabo en el salón de adiestramiento del Banco Agrícola de la República Dominicana y reunió a líderes del sector agropecuario nacional vinculados a la toma de decisiones en áreas clave como la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible del sector agrícola.
Durante su intervención, la doctora Martínez Barón presentó los resultados del estudio, que diagnostica el funcionamiento actual del sistema nacional de innovación agropecuaria y ofrece una hoja de ruta para transitar hacia una agricultura climáticamente inteligente, basada en la naturaleza y socialmente inclusiva.
Entre los principales hallazgos se destaca que la República Dominicana cuenta con una infraestructura sólida en investigación y extensión agropecuaria, así como con un capital humano calificado. Sin embargo, se identifican brechas importantes en la articulación entre los actores del sistema, especialmente en lo referente a los vínculos entre productores, instituciones públicas, sector financiero y organismos de cooperación internacional.
El estudio propone el fortalecimiento del enfoque AKIS (Sistema de Conocimiento e Innovación Agropecuaria), que promueve la co-creación de soluciones entre productores, investigadores, extensionistas, universidades y otros actores clave. Además, recomienda rediseñar los servicios de extensión para responder mejor a las necesidades de los territorios, impulsar mecanismos de gobernanza participativa y canalizar inversiones hacia capacidades locales sostenibles.
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