La Comisión responsable de liderar el proceso de fortalecimiento de la política nacional de reforma agraria, establecida mediante los Decretos 115-25 y 209-25, celebró una reunión con la participación de parceleros.
La iniciativa, declarada de interés público y prioridad nacional por el presidente de la República, busca consolidar y robustecer los logros de la reforma agraria como pilar fundamental para el desarrollo sostenible del sector agropecuario y la erradicación de la pobreza en las zonas rurales, garantizando todos los derechos de los beneficiarios durante las últimas seis décadas.
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien preside la comisión integrada por representantes gubernamentales y representantes de los parceleros de la reforma agraria, enfatizó el espíritu de diálogo y colaboración que guía este proceso.
"Conscientes de las recientes inquietudes expresadas por gremios de parceleros y actores políticos, queremos transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad", afirmó el ministro, "y destacar la valiosa y activa participación de representantes legítimos de los propios parceleros en este espacio crucial para la construcción de políticas públicas".
El ministro subrayó el compromiso del Gobierno, con el bienestar y la prosperidad de la comunidad agropecuaria nacional, del cual aseguró existen "sobradas muestras".
En este sentido, añadió: "Reafirmamos nuestro compromiso de proteger y garantizar los derechos de cada hombre y mujer que ha forjado la historia de la reforma agraria en nuestro país. Sus experiencias y conocimientos son fundamentales para el éxito de las políticas que implementamos".
En consonancia con el mandato presidencial, la labor de la Comisión se enfoca en identificar soluciones efectivas y justas para asegurar el derecho legítimo de los parceleros asentados a obtener sus títulos de propiedad definitivos y acceder a una cartera de servicios de apoyo al productor renovada y fortalecida. Este esfuerzo se enmarca en el fortalecimiento del sistema de reforma agraria, orientado a alcanzar un mayor grado de desarrollo rural en República Dominicana.
La medida presidencial establece una reorganización institucional con el propósito de garantizar la centralización estratégica, la coherencia en la formulación de políticas, la cohesión operativa, la racionalización de recursos y la optimización de la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas del sector agropecuario. El objetivo primordial es fortalecer la seguridad alimentaria, promover la sostenibilidad ambiental y contribuir significativamente a la reducción de las desigualdades socioeconómicas en el país.
Un pilar estratégico fundamental de este proceso, según la Comisión, es el incremento sostenido de la productividad agropecuaria en los asentamientos. "Creemos firmemente que un sector agropecuario fortalecido no solo beneficia directamente a los parceleros y sus familias, mejorando significativamente su calidad de vida, sino que también impulsa el crecimiento económico de toda la nación", aseveró el ministro de Agricultura.
De su lado, el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, reiteró a la comunidad agropecuaria nacional que sus derechos están plenamente garantizados y que el Gobierno actúa con estricto apego al marco jurídico del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y a la legislación del régimen inmobiliario. "El respeto a las leyes es la base de nuestra gestión y la garantía de un proceso transparente y justo para todos, en cuya construcción los representantes de los parceleros juegan un rol esencial", afirmó.
“Tengan la seguridad que el Gobierno no dejará desamparado a ningún beneficiario de la reforma agraria. Este rediseño de la política nacional de reforma agraria, que será fruto de un amplio consenso, será beneficioso para todos”, indicó.
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