En las últimas semanas, los residentes y conductores del perímetro comprendido entre las avenidas Tiradentes y Lope de Vega, en el corazón del Distrito Nacional, han experimentado un notable deterioro en su calidad de vida como resultado directo de medidas improvisadas de circulación adoptadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Específicamente, la prohibición de los giros a la izquierda en intersecciones clave, como la Salvador Sturla y la Ramón Corripio, ha generado un impacto negativo profundo, no solo en términos de tiempo y combustible, sino también en el valor económico del entorno urbano.
Lo que antes era un trayecto de un minuto para llegar a casa, ahora puede tardar entre 15 y 20 minutos durante las horas pico. Este desvío forzado representa un costo directo en combustible, mayor estrés para los conductores y, por ende, una pérdida considerable de tiempo productivo. A esto se suma una presión indirecta pero importante: el aumento en el consumo de combustible subvencionado por el Estado, lo cual implica una carga fiscal adicional que, aunque invisible, afecta el presupuesto público de todos los dominicanos.
Sin embargo, el mayor de todos los costos es el que no se ve a simple vista: la pérdida de plusvalía de las propiedades en la zona. El valor de un apartamento, de una vivienda, depende no solo de su estructura, sino también de la facilidad de acceso, la conectividad vial y la calidad de vida que ofrece su entorno. ¿Quién querría mudarse a un área donde simplemente llegar a su hogar se convierte en una odisea diaria de giros imposibles, taponamientos y rutas absurdas que contradicen la lógica urbana?
La reducción de la accesibilidad impacta de forma directa el atractivo inmobiliario. A medida que se vuelve más difícil llegar a estos sectores, especialmente en horas críticas, el mercado ajusta su percepción de valor, y con ello, los precios bajan. Este es un daño económico a mediano y largo plazo, tanto para propietarios actuales como para promotores inmobiliarios, que apostaron por zonas céntricas con supuesta conectividad privilegiada.
Es importante destacar que la solución no está en llenar las esquinas de agentes de la DIGESETT o en eliminar por completo los giros a la izquierda. El problema real no es el giro, sino la falta de respeto a las intersecciones, el descontrol de los motoristas y la deficiente gestión de los flujos vehiculares. Tres agentes y varios semáforos por esquina no han mejorado la movilidad, porque la raíz del problema es estructural: no hay una gestión urbana pensada desde la vivencia del ciudadano común, sino desde un escritorio a 30 mil pies de altura.
Quienes vivimos y transitamos esta ciudad no necesitamos teorías. Necesitamos soluciones concretas y equilibradas. Por ejemplo, una medida sensata sería permitir los giros a la izquierda durante los fines de semana, cuando el flujo vehicular disminuye considerablemente. Esta simple modificación aliviaría parte del stress semanal, sin comprometer la seguridad ni la fluidez del tránsito.
Este artículo no es una queja vacía. Es un llamado a la conciencia, una exposición directa del problema desde la perspectiva de quienes lo vivimos a diario. Porque resulta muy fácil diseñar políticas desde la distancia, sin tomar en cuenta al ciudadano que debe sortear tapones, rutas absurdas y obstáculos innecesarios para simplemente llegar a su hogar.
El INTRANT y las autoridades del tránsito están llamadas a escuchar con humildad. La ciudad no se gobierna con decretos viales improvisados, sino con planificación participativa, con estudios serios y con empatía hacia quienes caminan, conducen y viven en ella. La revisión del giro a la izquierda en puntos críticos como la Salvador Sturla es urgente, igualmente la Carlos Sánchez donde los vehículos se encuentran de frente en ambas direcciones de oeste a este y viceversa. Seguir ignorando esta realidad solo agrava el costo financiero, emocional y social que ya pagamos quienes vivimos en el Distrito Nacional.
Además del impacto sobre la movilidad y el valor inmobiliario, estos cambios viales también han provocado el deterioro de algunos servicios públicos esenciales. Un caso concreto es el servicio de recogida de basura. Los camiones recolectores, al verse obligados a evitar los giros a la izquierda que antes les permitían una ruta directa y eficiente, ahora optan por omitir calles completas, lo cual ha generado acumulación de desechos en áreas residenciales. Gracias al Despacho de la alcaldesa de donde si se escuchan a los ciudadanos el tema de la basura empieza a resolverse.
La ineficiencia del nuevo trazado, sumada a la negativa de los operadores a realizar desvíos excesivos, está afectando la salubridad y la imagen urbana de la zona, profundizando aún más el malestar ciudadano.
Este cúmulo de frustraciones por el tiempo perdido, el aumento de costos, la pérdida de plusvalía y la degradación de los servicios inevitablemente se traduce en un creciente descontento social. Cuando las decisiones gubernamentales no responden a la realidad de los ciudadanos, ni son rectificadas a tiempo, terminan afectando la percepción general de la gestión pública. Ese malestar no solo se siente en las calles, también se refleja en las encuestas de opinión y, eventualmente, en las urnas. La calidad de vida urbana no es un asunto menor; es un termómetro directo del vínculo entre el gobierno y la gente. Ignorar estas señales puede tener un alto costo político.
***
Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez
Compartir esta nota