Autoridades dominicanas y empresarios de origen chino afectados por el cierre de negocios acordaron iniciar este lunes un proceso de diálogo para buscar una solución que permita la reapertura de sus establecimientos, informó el abogado Salvador Catrain.
El encuentro fue convocado para las 10:00 de la mañana, según explicó Catrain, quien pospuso la rueda de prensa prevista para hoy al recibir una llamada de las autoridades competentes.
“Esperamos que este proceso garantice tanto la posición del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) como los derechos de las empresas chinas que representamos”, expresó el jurista.
El abogado instó a mantenerse atentos a los resultados del encuentro, en el que se anunciaría “la solución o el tipo de solución al que se pretende arribar”, reiterando que “el diálogo y los acuerdos consensuados son la mejor vía para resolver este tipo de conflictos”.
Catrain no reveló con qué funcionarios se reunirá, pero agradeció a los medios su interés y aseguró que informará a la opinión pública sobre los avances del proceso.
Antecedentes del conflicto
El Mivhed ordenó el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025 el cierre de la tienda Suplax, en el Distrito Nacional, y de otras diez sucursales en distintas provincias, alegando falta de licencia de construcción.
Los representantes legales calificaron la medida como arbitraria y sin competencia, señalando que vulnera derechos fundamentales y afecta la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país.
Según el abogado, los comercios afectados operan con permisos municipales y medioambientales vigentes, han generado empleos directos e indirectos y contribuyen al desarrollo económico local.
También denunciaron que el cierre se realizó sin agotar el debido proceso administrativo y sin contar con informes técnicos previos que lo sustentaran.
Los representantes interpusieron un recurso contencioso administrativo con solicitud de medida cautelar para suspender los efectos de las resoluciones emitidas por el Mivhed.
La audiencia virtual está pautada para el 16 de octubre de 2025, donde se espera demostrar que las decisiones del Ministerio carecen de base legal, técnica y constitucional.
Economía en riesgo
Más de tres mil empleos estarían en riesgo por los cierres, además de una pérdida fiscal para el Estado dominicano y un impacto negativo en los consumidores, que dependen de los precios accesibles ofrecidos por estos comercios.
Los empresarios reiteraron su disposición al diálogo y su compromiso con la formalización total de las operaciones, incluyendo la contratación de técnicos estructuralistas certificados por el Mivhed.
“Pedimos al Estado que permita operar los establecimientos mientras se realizan los ajustes necesarios, evitando daños económicos innecesarios y preservando la estabilidad empresarial”, indicó Catrain.
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