El aumento a la contribución especial para la gestión integral de residuos que plantea el proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No.225-20 tiene al grito a empresarios de diferentes sectores que lo consideran “irrazonable” y “desproporcionado”.
La propuesta de modificación al artículo 36 de la ley del 30 de septiembre de 2020, según los empresarios, se ha proyectado sin ningún estudio técnico que sustente los montos y tampoco con un diálogo entre sectores.
¿Cuáles son los nuevos montos establecido en el proyecto? De acuerdo con el artículo 36 en su párrafo uno, indica que los aportes deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.
Sostiene que: toda persona jurídica o entidad, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
El monto establecido en la modificación para personas jurídica o entidad con ingresos de hasta un millón de pesos, es un aporte de 3,000 pesos, para un incremento de 2,500 pesos.
Esto quiere decir, que en la ley actual el monto establecido para este segmento es de 500 pesos.
Asimismo, para los que tienen ingresos desde un millón un peso hasta 10 millones de pesos, aportarán 6,000 pesos. En la actualidad es de 1,500 pesos.
El aporte especial obligatorio sigue aumentado según los ingresos, llegando desde los 20,000 pesos hasta los 675, 000 pesos.
Este incremento, que ya ha manifestado su rechazo la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), así como la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), ronda entre los 161%, 300% y 500% de acuerdo al ingreso.
Los montos previstos serán indexados anualmente, conforme el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana.
La contribución establecida es de carácter obligatorio para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios.
La propuesta sostiene que en el caso del Estado dominicano, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) asignará del total del presupuesto anual de las rentas nacionales: 0.25 % en el año 2026, 0.50 % en el año 2027, 0.75 % en los años 2028 y 2029, y 1% a partir del año 2030.
La contribución especial por parte del Estado se sumará al aporte anual por parte del sector privado, y estará destinado exclusivamente al pago de los gestores privados autorizados y reconocidos por el fideicomiso creado por la ley.
Esos recursos serán utilizados para otorgarle una contribución especial a las alcaldías y distritos municipales, para el pago de las operaciones de las estaciones de transferencias, para el pago de los sitios de disposición final, vertederos o de rellenos sanitarios, y para el pago de los gestores de las Plantas de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de manejo de Residuos
Especiales.
Otras modificaciones
Solo habrá una planta de valorización o planta de tratamiento autorizada por cada 10 regiones y en ningún caso se permitirá más de una en un radio de 70 kilómetros a la redonda, salvo la región Ozama.
De acuerdo con el proyecto de modificación, las estaciones de transferencia no podrán instalarse a una distancia menor de quince kilómetros de un relleno sanitario autorizado.
También, establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no podrá aprobar permisos ambientales a más de un relleno sanitario por provincia.
Asimismo, indica que las empresas fabricantes e importadoras de envases y embalajes de poliestireno expandido fon (foam) deberán someterse a una auditoría anual para comprobación del uso del aditivo de biodegradación en sus productos.
Aunque los industriales han manifestado su comprensión respecto a las necesidades de financiamiento de las alcaldías, han manifestado que no puede pretenderse dar respuesta a todas las necesidades de la municipalidad con una contribución especial que debe necesariamente ser dirigida al "cumplimiento del objetivo transversal de la ley de fomentar la correcta gestión de residuos y el cierre de vertederos a cielo abierto en el país”.
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