La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), a través de su Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, rechazó una iniciativa del senador Julito Fulcar (Peravia) de reducir los límites del Monumento Natural Dunas de Las Calderas supuestamente con el fin de regularizar ocupaciones dentro del área protegida.
Señaló que la protección del monumento está amparada por la Constitución y las leyes ambientales. Recordó que la Constitución (artículo 15), la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas (artículo 5) y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales prohíben la reducción de límites de las áreas protegidas.
La ACRD también destacó la existencia de un Plan de Manejo vigente, elaborado en 2024 por sus académicos en coordinación con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Este plan establece, entre otras acciones, el retiro total de construcciones dentro del área protegida y su zona de amortiguamiento, así como la búsqueda de soluciones habitacionales alternativas para la comunidad de Las Calderas y la depuración para evitar que “mafias del negocio de solares” se beneficien de las medidas.
Otro de los puntos subrayados por la Academia es la inalterabilidad de los límites de las áreas protegidas. Detalló que la Constitución prohíbe disminuir dichos límites salvo con la aprobación de dos tercios de la matrícula del Congreso Nacional, cláusula destinada a proteger la estabilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Enfatizó que tanto la Constitución como la Ley 202-04 reconocen que las áreas protegidas son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no pueden transferirse a particulares. Las ocupaciones irregulares, afirma la Academia, se dieron después de la declaratoria de área protegida y, por tanto, cualquier intento de legalizarlas sentaría un precedente peligroso.
En cuanto a posibles escenarios legales, la ACRD señala que, en caso de existir ocupaciones previas a la declaratoria (hipótesis que no corresponde a la realidad), la vía adecuada sería la presentación de títulos de propiedad para que el Estado determine, de ser pertinente, mecanismos de compensación o permuta.
Reiteró que las invasiones al monumento constituyen una infracción y que la acción correcta es la recuperación de los terrenos por parte del Estado; solo en situaciones excepcionales podría evaluarse una compensación humanitaria, pero nunca la legalización de la ocupación.
La Academia subraya la importancia de preservar las Dunas de Las Calderas, por tratarse de un patrimonio natural y cultural invaluable, cuyo valor para los servicios ecosistémicos es fundamental para el bienestar social, económico y ambiental del país.
Llamó a respetar el marco jurídico vigente y a garantizar la integridad del Monumento Natural Dunas de Las Calderas.
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