El futuro proyecto de revitalización del Centro Histórico de Santo Domingo podría calificar como una canallada. Amparado en la malhadada justificación de su aprovechamiento turístico, el Estado estará remozando un kilómetro cuadrado del Distrito Nacional con un presupuesto de más de RD$5,600 millones. La preservación de nuestras raíces históricas es una noble causa, pero ese baladí argumento ignora que el proyecto beneficiará groseramente a los ricos del recinto. Además de que lo propuesto no prioriza su misión identitaria, tal ultraje a la equidad social deberá corregirse con el justo recurso del impuesto a la plusvalía.
Cuando en 2016 se comenzaba a concebir el segundo proyecto RD/BID para el recinto se advirtió que una inversión “turística” de esa magnitud y naturaleza no era una prioridad. Esos preparativos eran extemporáneos al existir entonces la necesidad de encaminar un proyecto de desarrollo turístico para Pedernales y ser el Centro Histórico un atractivo casi obligatorio para las hordas de turistas que pernoctan en Bávaro-Punta Cana. Se hizo caso omiso y en agosto del 2019 se firmó con el BID el contrato correspondiente para un financiamiento de US$90 millones, asignando la gerencia del proyecto al MITUR. La grafica adjunta detalla la última versión de los componentes del proyecto que circula en las redes sociales.
Justificar el proyecto con el argumento de que de esa manera se estaría aprovechando el turismo equivale a una barrabasada. Tal argumento soslaya su misión identitaria, la valoración suprema que ostenta ese patrimonio histórico. Porque las reliquias históricas que este contiene deben servir primero para ilustrar a las sucesivas generaciones de ciudadanos de lo que fueron nuestros orígenes como nación. Lo propiamente colonial es menos importante que lo republicano porque la sacralidad del recinto se deriva más de su rol en nuestra gesta de independencia. No es que su aprovechamiento turístico no está justificado, sino que esa es una prioridad subordinada a la misión de preservar las raíces de la nacionalidad para consolidar la identidad ciudadana y la cohesión social.
De ahí que el proyecto no se justificaba por no ser prioritario sino también porque encumbra al turismo como el valor supremo. Resulta además contraproducente haberle encargado la ejecución al MITUR cuando los componentes propiamente turísticos –como podría considerarse la restauración de monumentos y sitios—es solo una ínfima parte de este. Las obras de desarrollo urbano constituyen el grueso de la inversión del proyecto. De modo que la gerencia debió asignársele al Ayuntamiento del Distrito Nacional o al Ministerio de Cultura y no al MITUR.
En los últimos años el Centro Histórico ha decaído como meca de grandes tiendas y el rol de lugar de entretenimiento ha cobrado auge entre la clase media dominicana. A eso se añade el rol secundario de atractivo turístico que genera la visita de cientos de miles de extranjeros provenientes de los resorts, los cuales ya comienzan a generar turismofobia entre los residentes. Por las vehementes protestas contra la asignada prioridad turística el diseño inicial del proyecto se cambió para que este clasificara como de desarrollo urbano. Así se incluyó un componente para beneficiar a los residentes con la remodelación de 200 viviendas (después rebajadas a 140). Pero lo que nunca ni siquiera se sopesó fue el tema de quienes serían los mayores beneficiarios.
Al ponderar los beneficiarios de las intervenciones del proyecto se revela que, lejos de beneficiar a los más pobres, este se enrumba a enriquecer más a los ya ricos. Entre los pobres se debe distinguir entre los pobres que visitan el recinto para conocer sus raíces históricas y los pobres que lo habitan. (La gran mayoría de los empleados residentes tienen ingresos que lo clasificarían como pobres, de acuerdo con un censo del MITUR en el 2015.) Los primeros podrán visitar sin tapujos, pero la carestía de las ofertas del recinto desincentiva sus visitas. En cuanto a los segundos (residentes) sus mayores beneficios provendrían de la eventual venta de sus viviendas, lo cual se inscribiría en el odioso fenómeno de la gentrificación. Los extranjeros ricos que comprarían esas viviendas para remodelarlas y residir en ellas encarecen no solo las viviendas mismas sino también todos los bienes y servicios del Centro.
En vez de enfrentar los problemas habitacionales de barrios como Capotillo, Gualey, Villa Juana y La Ciénega, se da la paradoja de que el Estado prefiere intervenir el Centro Histórico y tornarlo en “una tacita de plata”. Sus residentes de Santa Barbara, San Anton y San Miguel serian beneficiados con la remodelación de sus viviendas, pero los que más se beneficiarían del proyecto serán los empresarios del recinto y los propietarios de caras residencias y otros inmuebles. Resulta pues escandaloso que los que más se beneficien del proyecto sean los más ricos. Y como la clase media alta de la ciudad acude gozosa al Centro para fines de entretenimiento, también el proyecto se centrará en recrear al rico segmento de la población capitalina y en acoger las visitas de los extranjeros que, para todos los fines, entre nosotros clasifican como de altos ingresos. Ese sesgo a favor de los ricos apesta.
Un censo llevado a cabo en el 2015 por el MITUR estimó en unos 8,000 el total de residentes del Centro Histórico. (Su población ha ido disminuyendo desde la Guerra Civil del 1965 cuando se estimaba una población de 30,000 habitantes.) Con el fin de retener la actual población que le imparte autenticidad, el proyecto del BID/RD planea remodelar 140 viviendas de los residentes. Cualquiera pensaría que con eso se equilibran los beneficios entre los residentes y los ricos propietarios de numerosos inmuebles. Pero la plusvalía a ser devengada por ambos bandos será una sórdida y enorme ganancia más para los ricos que para los modestos habitantes, quienes tal vez no podrán vender sus inmuebles remodelados.
De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (RAE), la palabra plusvalía significa “incremento del valor de un bien, por causas extrínsecas a él”. Pero en el mundo inmobiliario la plusvalía es “el valor de un inmueble que con el paso del tiempo aumenta, como consecuencia de variables externas.” Entre estas variables figuran la ubicación, la infraestructura urbana, los servicios públicos y privados, movilidad urbana y mantenimiento y preservación del inmueble. Cuando se mejoran estas variables se incrementa la plusvalía de los inmuebles.
Pero el valor de la plusvalía se estimará con mayor precisión cuando se proyectan las tendencias. Eso atañe, por supuesto, al programa de desarrollo urbano que se buscara ejecutar con el proyecto del BID/RD. Es la inversión contemplada para el Centro Histórico lo que mejorará sustancialmente la infraestructura urbana, los servicios públicos y privados y la preservación de los inmuebles. Unido esto al incremento de la actividad comercial que generan las visitas de turistas extranjeros y el proceso de gentrificación en curso la plusvalía de los próximos años para el recinto será grandiosa. Los propietarios de los inmuebles suntuarios derivaran así un enorme beneficio que será conmensurable con el enorme gasto público que absorberá el mencionado proyecto.
Por supuesto, los impuestos a la propiedad ya existen y se aplican, por ejemplo, a todas las viviendas cuyo valor sobrepasa los RD$8.830 millones). El Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) es “un impuesto anual que se aplica sobre la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrados las personas físicas y Fideicomisos”. Pero el IPI no producirá lo que se requiere para compensar al fisco por el enorme gasto que representa el proyecto RD/BID. Para corregir esa escandalosa inequidad se requiere que se cobre además –por una sola vez– un impuesto a la plusvalía que sea parecido al impuesto sobre la ganancia de capital. La manera de hacerlo es tasando todas las propiedades del Centro Histórico que hoy día clasifican como “suntuarias” y, dentro de cinco años o cuando se termine de ejecutar el proyecto, tasarlas nuevamente. La diferencia sería la ganancia de capital a ser gravada con un impuesto –adicional al IPI– que no debe ser menor del 27% de ese valor. La tarea de las tasaciones podría confiársele al Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. u otra organización similar con fe pública.
Sobre el Centro Histórico se acumuló un pasivo moral de la época colonial que fue parcialmente sacudido por el Sermón de Montesinos. Durante la ocupación haitiana sucedió igual, siendo la valerosa acción de los Trinitarios el resarcimiento. Hoy día las autoridades están retadas a resarcir la moralidad publica mediante el propuesto recurso impositivo. De no hacerse nada seguiremos insultando la dignidad de Juan Pablo Duarte y todos sus compañeros trinitarios. (“Sed justos lo primero, si queréis ser felices.”) Al entronizar la injusticia favoreciendo a los ricos del Centro Histórico con el proyecto de revitalización se está ultrajando al pobre y hundiéndolo más en la desesperanza.