Un ciudadano guatemalteco que fue deportado de Estados Unidos a México el pasado mes de marzo, se convirtió en la primera persona en regresar a territorio estadounidense gracias a una orden judicial.
En marzo de este año, O.C.G. – las iniciales con que fue registrado en la orden de expulsión- fue deportado a México a pesar de que contaba con una protección judicial debido a que era perseguido en su país natal por ser homosexual.
El juez Brian Murphy, del distrito judicial de Boston, le ordenó al gobierno de Donald Trump que habilitara su retorno, señalando que la expulsión no había cumplido con los requisitos mínimos del debido proceso.
Aunque otros jueces estadounidenses han dictado órdenes similares, el caso de O.C.G. se convirtió este miércoles en el primero en que una persona deportada por las autoridades de la administración Trump regresa al país mediante una orden judicial.
Según expresaron sus abogados en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, O.C.G. huyó de Guatemala en 2024 tras recibir amenazas de muerte como consecuencia de su sexualidad. Ingresó a Estados Unidos a través de México en mayo del año pasado.
En su fallo, Murphy estableció que, aunque un juez de inmigración había determinado en febrero que O.C.G. merecía protección, las autoridades lo subieron por error a un autobús con destino a México, donde previamente había sido violado y secuestrado.
Tras llegar a México, O.C.G. tuvo que elegir entre esperar meses detenido para solicitar asilo en ese país o regresar a Guatemala. Optó por esto último y se ocultó, según detallaron sus abogados.
También aclararon que el hombre se había comunicado con ellos cuando iba a procesar su ingreso a EE.UU. ante las autoridades migratorias y que esperaban que fuera detenido.
"Se puso en contacto con nosotros mientras esperaba para pasar por inmigración. Prevemos que lo pondrán bajo custodia ahora", dijo Trina Realmuto, abogada de la Alianza Nacional por la Litigación de la Inmigración, que lleva el caso del ciudadano guatemalteco.
Aunque no se conoce un pronunciamiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional sobre el caso, medios locales revelaron que había sido esta oficina gubernamental la encargada de tramitar el viaje de regreso de O.C.G.
Lo cierto es que el gobierno Trump está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos para decidir si levantará una orden judicial que el juez Murphy emitió en una demanda colectiva, interpuesta por O.C.G. y otros migrantes, diseñada para proteger sus derechos al debido proceso.
De acuerdo con el juez, la decisión de deportar a O.C.G. a México se basó en una supuesta declaración del propio ciudadano guatemalteco de que "no le temía regresar a México", algo que éste nunca había dicho.
Según datos oficiales, desde enero de este año hasta abril, EE.UU. ha deportado 142.000 personas, casi la mitad de las deportaciones registradas en todo 2024.
Migrantes a la espera
El caso de O.C.G. marca un punto de esperanza para decenas de personas que han sido deportadas a sus países a pesar de tener una protección judicial o cumplir con requerimientos migratorios.
Tal vez el caso más conocido ha sido el de Kilmar Abrego García, quien fue deportado el pasado mes de marzo a El Salvador, a pesar de que un juez se había pronunciado en contra.
Para justificar su deportación, Abrego García fue acusado de pertenecer a la pandilla MS-13. Sin embargo, varias instancias judiciales, incluida la Corte Suprema estadounidense, señalaron que su salida forzada había sido un error.
Desde entonces se han hecho esfuerzos para que Abrego García regrese a EE.UU., pero hasta el momento continúa en El Salvador. El propio presidente Donald Trump ha dicho que puede autorizar el regreso de Abrego al país, pero que no lo va a hacer.
A eso se suma una serie de informes, tanto de medio locales como de organizaciones no gubernamentales, que señalan que muchas de las 261 personas deportadas en marzo – en su mayoría, venezolanos y salvadoreños, entre ellos Abrego García- a la prisión Cecot en El Salvador estaban residiendo de forma legal en EE.UU.
Estas versiones contradicen las del gobierno de Trump, que justificó su deportación bajo la acusación de que eran miembros de las pandillas MS-13 -de origen salvadoreño- o la organización criminal Tren de Aragua, de origen venezolano.
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