Rumeysa Ozturk, una estudiante turca que asiste a la Universidad de Tufts (Massachusetts), se dirigía caminando el martes a una cena para celebrar el Ramadán cuando hombres enmascarados vestidos de civil la detuvieron, la esposaron y se la llevaron a bordo de un vehículo sin identificación.
Los seis enmascarados eran agentes de inmigración de Estados Unidos.
Según informó en un comunicado la Universidad de Tufts, las autoridades le informaron que su visa de estudiante había sido revocada.
Ozturk -quien estudia un doctorado- participó en protestas pro palestinas como residente legal de Estados Unidos. Su arresto se produce tras la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que ha clasificado como "antisemitismo" en los campus universitarios estadounidenses.
Los críticos del gobierno afirman que las acusaciones son falsas. Alegan que las autoridades estadounidenses están violando el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes y que los acusan erróneamente de ser antijudíos.
El martes, un juez federal de Massachusetts ordenó que Ozturk, de 30 años, permanezca detenida en Massachusetts y que la fiscalía le avise con al menos 48 horas de antelación si pretende trasladarla fuera del estado.
Sin embargo, según los registros federales, la estudiante actualmente se encuentra retenida en Luisiana, a unos 2.400 km de distancia.
La portavoz de Seguridad Nacional de EE.UU., Tricia McLaughlin, declaró en una publicación en X que Ozturk "participó en actividades de apoyo a Hamás, una organización terrorista extranjera que se deleita en matar estadounidenses".
"Una visa es un privilegio, no un derecho", escribió, incluyendo una foto del arresto de Ozturk.
Actualmente no está claro a qué cargos se enfrenta ni cómo presuntamente apoyó a Hamás.
La Universidad de Tufts dijo en un comunicado no tener conocimiento previo del arresto, que tuvo lugar fuera del campus.
"Según nos informaron posteriormente, el visado de estudiante ha sido cancelado y buscamos confirmar la veracidad de esa información", dijeron.
Algunos de los vecinos del barrio donde ocurrió el arresto dijeron que estaban conmocionados.
"Parecía un secuestro", dijo a la agencia AP Michael Mathis, un ingeniero de software de 32 años cuya cámara de vigilancia capturó el arresto. "Se acercaron a ella y comenzaron a agarrarla con el rostro cubierto. Iban en vehículos sin identificación", explicó.
Según informa AP, Ozturk fue una de las cuatro estudiantes que, en marzo pasado, escribieron un artículo de opinión en The Tufts Daily criticando la respuesta de la universidad a las resoluciones aprobadas por el Senado de su sindicato comunitario que exigían a Tufts "reconocer el genocidio palestino", revelar sus inversiones y desinvertir en empresas con vínculos directos o indirectos con Israel.
La agencia de noticias señala que algunos amigos de Ozturk afirmaron que esta no había estado estrechamente involucrada en las protestas contra Israel. Sin embargo, tras la publicación del artículo, su nombre, foto e historial laboral aparecieron en Canary Mission, un sitio web que afirma documentar a personas que "promueven el odio hacia Estados Unidos, Israel y los judíos en los campus universitarios norteamericanos". El artículo de opinión fue el único ejemplo citado de "activismo antiisraelí" de Ozturk, según AP.
Universitarios bajo presión
El arresto de Ozturk se produce tras la detención o intento de arresto de varios estudiantes universitarios de alto perfil que han organizado actividades en apoyo a los palestinos.
El miércoles, un juez federal ordenó al gobierno de Trump detener sus intentos de arrestar y deportar a una estudiante de la Universidad de Columbia llamada Yunseo Chung.
Esta joven, una residente legal permanente de 21 años de edad que se mudó a Estados Unidos desde Corea del Sur cuando era niña, presentó una demanda alegando que funcionarios de inmigración habían ejecutado órdenes de registro en varias instalaciones de Columbia, incluida su residencia.
El abogado de Chung, Ramzi Kassem, calificó el fallo del juez federal de Nueva York de "sensato y justo", según informó Politico.
Afirmó que su cliente "ya no tiene que temer" ser arrestada o enviada a una prisión lejana "simplemente por defender los derechos humanos de los palestinos".
La demanda de la estudiante de Columbia también menciona a otros estudiantes que enfrentan la deportación, entre ellos el estudiante de doctorado de la Universidad Cornell, Momodou Taal, y la estudiante internacional de Columbia Ranjani Srinivasan, cuya visa fue revocada.
"Prácticamente por cualquier motivo"
Uno de los casos más sonados hasta la fecha involucra al graduado de Columbia, Mahmoud Khalil, un destacado activista pro palestino que permanece recluido en un centro de detención de Luisiana sin cargos.
La intensificación de las actividades de los funcionarios de inmigración forma parte de la promesa del presidente Donald Trump de combatir el antisemitismo, plasmada en una orden ejecutiva en enero.
Desde entonces, el gobierno ha cancelado US$400 millones en fondos destinados para la Universidad de Columbia por acusaciones de que este centro no combatió el antisemitismo en su campus, y amenazó con hacer lo mismo con otras universidades.
La Casa Blanca también ha tomado medidas para deportar a varios estudiantes en todo el país y ha instado a algunos de ellos a "autodeportarse".
Funcionarios han citado la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al Departamento de Estado deportar a extranjeros que sean "contrarios a la política exterior y los intereses de seguridad nacional" de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha argumentado que esta ley otorga amplias facultades de deportación, estableciendo que los titulares de visas y permisos de residencia permanente pueden ser expulsados "prácticamente por cualquier motivo".
Grupos de derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han condenado las acciones del gobierno.
En una carta abierta a las universidades, la ACLU advirtió: "El gobierno federal no puede ordenar la expulsión de estudiantes ni amenazar con recortes de fondos para suprimir la libertad de expresión protegida por la Constitución".
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