Este fin de semana la tensión se disparó en el área de Los Ángeles tras una semana de redadas migratorias en la región, que desencadenaron violentas protestas contra la administración Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La decisión del presidente Donald Trump de enviar 700 infantes de marina estadounidenses y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles, para apoyar la respuesta federal a los disturbios, abrió un capítulo polémico en su campaña de deportaciones masivas.
La ubicación de las redadas y las protestas posteriores -en una ciudad de tendencia liberal en un estado controlado por los demócratas- también brindó a la Casa Blanca un escenario público ideal, ya que busca mostrar avances en la expulsión de inmigrantes ilegales y el establecimiento de la ley y el orden.
El gobernador, Gavin Newsom, demócrata y destacado crítico del presidente, escribió en X que el despliegue de tropas era una "fantasía desquiciada de un presidente dictatorial".
Las redadas en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos se desarrollan en medio de un agresivo intento por aumentar las cifras de arrestos y deportaciones, mientras que la administración se muestra decepcionada con el ritmo actual.
El ICE ha intensificado sus acciones en las últimas semanas, ante la presión de mostrar avances en la iniciativa política emblemática de Trump.
La agencia arrestó a 2.200 personas el 4 de junio, según NBC News, un récord para un solo día.
La cadena informó que cientos de detenidos estaban inscritos en un programa conocido como Alternativas a la Detención, que permite la liberación y el monitoreo de personas que no representan una amenaza inmediata.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, considerado ampliamente como el artífice intelectual de la política de deportación, ha reiterado que la Casa Blanca espera que el ICE pueda aumentar la cantidad de arrestos a 3.000 al día, en comparación con los aproximadamente 660 que se realizaron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump.
"El presidente Trump seguirá presionando para que esa cifra aumente cada día", declaró Miller a Fox News a finales de mayo.
Sin embargo, durante gran parte de los primeros 100 días de la administración, las deportaciones fueron similares, e incluso inferiores, a las registradas durante el último año de la presidencia de Joe Biden.
La Casa Blanca dejó de publicar las cifras diarias de deportación a principios de 2020.
"Violencia estatal"
"No estoy satisfecho con las cifras", declaró a la prensa en la Casa Blanca el "zar de la frontera" de la administración, Tom Homan, a finales de mayo. "Necesitamos aumentarlas".
Homan añadió que la administración Trump había "aumentado considerablemente sus equipos" y que "prevemos un rápido aumento en el número de arrestos".
Varios altos funcionarios del ICE, incluído Kenneth Genalo, su principal funcionario de deportación, han dejado sus puestos en la agencia en los últimos meses.
En febrero, el ICE también trasladó a dos altos funcionarios que supervisaban las deportaciones, así como al director interino de la agencia, Caleb Vitello.
Durante la reciente reorganización, la agencia calificó el traslado como una reestructuración organizativa que "ayudará al ICE a cumplir con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados y garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses".
El Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado de prensa que entre los inmigrantes detenidos en las recientes redadas de Los Ángeles se encontraban personas condenadas por delitos sexuales, robo y cargos relacionados con drogas, entre otros delitos.
Sin embargo, defensores de la inmigración locales y miembros de la comunidad afirman que se han separado familias y detenido inmigrantes no violentos.
En una manifestación el lunes, la concejal de la ciudad de Los Ángeles, Ysabel Jurado, dijo que la redada del viernes en un almacén del Distrito de la Moda "no fue un asunto de seguridad pública, fue una violencia estatal impulsada por el miedo, diseñada para silenciar, intimidar y desaparecer".
Las respuestas de los estados
Si bien las encuestas de opinión muestran que las políticas migratorias de Trump son populares entre la mayoría de los estadounidenses, algunos de sus partidarios han expresado su preocupación por las tácticas empleadas.
Por ejemplo, la cofundadora de Latinas por Trump, la senadora estatal de Florida Ileana García, escribió en X: "Esto no es por lo que votamos".
"Entiendo la importancia de deportar a delincuentes extranjeros, pero lo que estamos presenciando son medidas arbitrarias para perseguir a quienes cumplen con sus audiencias de inmigración -en muchos casos, con un temor creíble a ser perseguidos- todo ello impulsado por un deseo similar al de Miller de satisfacer un objetivo de deportación autoinventado", añadió.
Las autoridades federales han llevado a cabo redadas migratorias con mayor frecuencia en todo Estados Unidos, en estados con inclinaciones tanto demócratas como republicanas.
Algunos estados controlados por republicanos, como Tennessee, han colaborado con las autoridades federales.
"California estaba dispuesta a resistir", declaró John Acevedo, decano asociado de la Facultad de Derecho de Emory, quien estudia la libertad de expresión y las protestas en Estados Unidos.
Las imágenes de violencia y resistencia en las calles de Los Ángeles le dieron a Trump un catalizador para el despliegue de la Guardia Nacional.
"Para su base, esto tiene un gran impacto. Demuestra que es serio y les permite demostrar que usará todos los medios necesarios para hacer cumplir sus normas (migratorias)", dijo el profesor Acevedo.
"Un delito es un delito"
Los manifestantes en Los Ángeles -que se autodenomina ciudad santuario, lo que significa que limita la cooperación con las autoridades migratorias federales- no veían con buenos ojos el papel que, según creían, el gobierno había asignado a su ciudad.
"Esta es mi gente, ¿sabes? Lucho por nosotros", dijo María Gutiérrez, una mexicana estadounidense que protestó durante dos días en Paramount, una ciudad del condado de Los Ángeles donde se produjeron protestas después de que los residentes detectaran agentes del ICE en la zona.
Los disturbios incluyeron saqueos y al menos un coche incendiado. Las autoridades utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos.
Añadió que algunos manifestantes en Los Ángeles, incluidos los de la cercana ciudad de Compton, comparten la creencia de que estaban protegiendo a la ciudad de las autoridades migratorias y vieron las amenazas del gobierno de Trump como un desafío.
Gutiérrez cree que los inmigrantes indocumentados que cometen delitos violentos deberían ser objeto de persecución, pero no aquellos que, según ella, trabajan duro y aspiran a una vida mejor.
"Esta es nuestra ciudad. Estamos enojados, sabemos cómo protegernos y esto no nos va a asustar", declaró.
Pero la comunidad no está unida en el apoyo a las protestas que han captado la atención nacional.
Juan, quien vive cerca de Paramount, llegó a Estados Unidos ilegalmente y posteriormente se nacionalizó, pero apoya las acciones del ICE.
"Los agentes del ICE tienen un trabajo que hacer, al igual que tú y yo", indicó a la BBC, aunque pidió que no se revelara su apellido debido a las operaciones federales en la zona.
Comentó que trabajó durante años como jornalero, pero obtuvo la ciudadanía y tiene cuatro hijos que se graduaron en la universidad.
"Es difícil", dijo. Tengo familia que también está sin papeles. Pero no puedes luchar si estás aquí y no deberías estar".
"Un delito es un delito", concluyó.
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