
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener, por ahora, la suspensión de las deportaciones de ciudadanos venezolanos detenidos en Texas bajo una ley del siglo XVIII invocada por el presidente Donald Trump.
Con una votación de 7 a 2, la Corte Suprema optó por mantener la suspensión de las deportaciones mientras los tribunales inferiores evalúan el caso.
Aunque no se pronunció sobre la legalidad del uso de la ley, el fallo exige que los migrantes tengan más tiempo y garantías legales para impugnar su expulsión.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra, argumentando que el alto tribunal no debía intervenir aún.
Por su parte, Brett Kavanaugh, aunque apoyó la medida, criticó que no se resolviera de inmediato el fondo legal del caso.
El presidente Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y acusado a la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) de "perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión predatoria" en territorio estadounidense.
Esta ley da al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de nativos o ciudadanos de naciones "enemigas" sin los procesos habituales.
Anteriormente solo se había utilizado tres veces, todas durante una guerra.
La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de ascendencia japonesa fueron encarceladas sin juicio, y miles de ellas fueron enviadas a campos de internamiento.
De los 261 venezolanos deportados hasta el 8 de abril al Cecot, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, 137 fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, dijo un alto funcionario de la administración a CBS News, socio de la BBC en EE.UU.
Un tribunal de primera instancia bloqueó temporalmente estas expulsiones el 15 de marzo.
La ACLU, organización que defiende los derechos civiles y representa a los migrantes, denunció que algunos de los expulsados fueron enviados a cárceles en El Salvador sin posibilidad de apelar su caso.
"Es una sentencia de por vida sin juicio previo", dijeron sus abogados.
Trump, por su parte, reaccionó en redes sociales: "¡La Corte Suprema no nos deja sacar a los criminales del país!".
Otros casos pendientes

Otro litigio que continúa es el de la deportación "por error" de Kilmar Ábrego García a El Salvador.
El caso de este salvadoreño se ha convertido en el centro del pulso entre el gobierno de Donald Trump y los detractores de la campaña de deportaciones iniciada por el mandatario estadounidense en su segunda presidencia.
El Departamento de Justicia admitió inicialmente ante un tribunal federal que su deportación se debió a un "error administrativo", pero más tarde insistió en acusarlo de pertenecer a la banda criminal salvadoreña MS-13.
El gobierno ha desoído hasta ahora los requerimientos judiciales para retornarlo al país, incluido el de la Corte Suprema, que concluyó que en su deportación no se garantizó el derecho al debido proceso y ordenó al gobierno "facilitar" su regreso a Estados Unidos.
La batalla legal continúa ahora en cortes de apelación, mientras organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de más deportaciones sin el debido proceso.
El uso de una ley de más de dos siglos de antigüedad en un contexto migratorio moderno plantea preguntas clave sobre derechos, seguridad y el alcance del poder presidencial.

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