Víctor Morán, director de una empresa de limpieza de 1.200 empleados en Maryland, examina cuidadosamente cada nuevo empleado para asegurarse de que estén autorizados a trabajar en Estados Unidos.
La ofensiva del presidente Donald Trump contra los inmigrantes comienza a reducir su plantilla de trabajadores.
Unas 15 personas han dejado su compañía, Total Quality, desde que el mandatario ganó una batalla legal para despojar a los inmigrantes de Venezuela y Nicaragua de las protecciones temporales que evitan su deportación, afirma.
Si la Casa Blanca amplía sus esfuerzos, podría perder a cientos de sus trabajadores, que dependen de permisos de trabajo similares y serían difíciles de reemplazar.
Preocupaciones similares resuenan en empresas de todo Estados Unidos, a medida que la campaña de deportación de Trump parece cobrar impulso, y amenaza con reducir la oferta de trabajadores cruciales para la economía del país norteamericano.
Casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos era inmigrante el año pasado, según datos de la Oficina del Censo. Esto marcó un récord en datos que se remontan a décadas atrás, en comparación con menos del 10% en 1994.
Trump afirma que su administración ataca a las personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos, quienes representan aproximadamente el 4% de la fuerza laboral estadounidense.
Su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas fue un elemento central de su campaña y un tema que le brindó un amplio apoyo, incluyendo el de votantes hispanos.
Su gobierno ha reanudado las redadas en lugares de trabajo, una táctica que se había suspendido durante la presidencia de Joe Biden.
Pero las medidas de la Casa Blanca han tenido un alcance mucho más amplio, apuntando a personas que se encuentran en Estados Unidos con visas de estudiante; suspendiendo la admisión de refugiados; y tomando medidas para revocar permisos de trabajo temporales y otras protecciones otorgadas a los inmigrantes por presidentes anteriores.
El temor de los trabajadores
Las acciones de la administración amenazan con perturbar la realidad de millones de personas, muchas de las cuales han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años.
"Estamos aterrorizados", dice Justino Gómez, originario de El Salvador y residente en Estados Unidos desde hace tres décadas.
Este hombre de 73 años está autorizado a trabajar bajo el programa TPS, que otorga permisos de trabajo temporales y protección contra la deportación, según las condiciones en los países de origen de los inmigrantes.
Su empleo, primero como lavaplatos y cocinero en un restaurante y ahora como limpiador, le ayudó a enviar a su hija adoptiva en El Salvador a la escuela para convertirse en maestra.
Pero Trump ya ha tomado medidas para poner fin al programa para personas de Haití y Venezuela. Gómez, residente en Maryland, teme que El Salvador sea el próximo.
"Cada vez que salgo de casa, siento mucho estrés", declara a la BBC, a través de un traductor proporcionado por su sindicato, 32BJ SEIU.
"Incluso cuando voy al metro, temo que ICE esté ahí esperando para secuestrarnos".
Impacto económico
Muchas de las acciones de Trump han sido objeto de impugnaciones legales, incluyendo una demanda por el TPS que interpuso el sindicato SEIU.
Pero incluso si la Casa Blanca no logra intensificar los arrestos y las deportaciones, los analistas afirman que su ofensiva podría afectar la economía a corto plazo, ya que incita a personas como Gómez a esconderse y frena las llegadas.
El crecimiento de la fuerza laboral, impulsado por los inmigrantes, se ha estancado desde enero, cuando Trump asumió el cargo.
A medida que las empresas tengan más dificultades para encontrar trabajadores, se limitará su capacidad de crecimiento, lo que ralentizará la economía, advierte el economista Giovanni Peri, de la Universidad de California en Davis.
Una fuerza laboral más reducida también podría impulsar la inflación, al obligar a las empresas a pagar más para contratar personal.
Si las políticas se mantienen, podrían tener consecuencias económicas de gran alcance, añade el profesor Peri.
Señala el ejemplo de Japón, cuya economía se ha contraído al controlar la inmigración y el envejecimiento de la población.
"Las redadas contra indocumentados forman parte de una política que realmente busca transformar Estados Unidos, de ser uno de los lugares donde los inmigrantes llegan, se integran y forman parte del éxito de la sociedad, a un país cerrado", afirma.
"En lugar de ser un motor de crecimiento, se convertirá en una economía más estancada, de crecimiento más lento y menos dinámica".
Muchas empresas afirman que ya es difícil encontrar personal para cubrir las vacantes disponibles.
Solo los migrantes responden
Adam Lampert, director ejecutivo de Cambridge Caregivers and Manchester Care Homes, con sede en Texas, que ofrece servicios de asistencia y atención domiciliaria, explica que aproximadamente el 80% de sus 350 empleados son extranjeros.
"No busco extranjeros para cubrir nuestras vacantes", comenta. "Son los inmigrantes los que están respondiendo a la llamada".
Al igual que Morán, afirmó que las medidas de Trump ya le habían costado la salida de algunos trabajadores, quienes habían sido autorizados a trabajar con permisos temporales.
También expresó su preocupación por las repercusiones de las medidas represivas de Trump en su empresa, que de alguna manera compite con los trabajadores indocumentados contratados directamente por las familias para brindar cuidados.
Añadió que, si esos trabajadores se ven obligados a irse, aumentará la demanda de su propio personal, lo que le obligará a pagar más y, en última instancia, a aumentar sus tarifas.
"Tendremos una inflación increíble si eliminamos a toda esta gente de la economía", advirtió. "No podemos prescindir de esta gente de la fuerza laboral".
En Harris Health System, una importante red hospitalaria de Texas, los cambios de política de Trump ya han provocado la pérdida de algunos trabajadores, sostiene el director ejecutivo Esmail Porsa.
Agregó que capacitar a los trabajadores estadounidenses para cubrir los puestos de trabajo disponibles en su sector llevaría años, dada la creciente necesidad.
"A medida que la población envejece y restringimos una fuente viable de mano de obra actual y futura, este problema llegará a un punto crítico", afirma.
Hace unos días Trump reconoció la disrupción que sus políticas estaban generando en sectores que dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada, como la hostelería y la agricultura, e incluso, según se informa, suspendió temporalmente las redadas en los lugares de trabajo en algunas industrias tras recibir críticas de sus correligionarios republicanos.
Pero a pesar de la preocupación por el impacto económico, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró a la BBC que dichos operativos siguen siendo una "piedra angular" de sus esfuerzos.
En la industria de la construcción de viviendas, empresas de todo el país informan que sus equipos han dejado de presentarse a trabajar, lo que ralentizará la construcción y aumentará los costos en un sector donde los precios ya son una preocupación, afirma Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.
Representantes de este sector han solicitado al Congreso que reforme las leyes de inmigración, incluyendo la creación de un programa especial de visas para trabajadores.
Sin embargo, Tobin comenta que no espera grandes cambios en la política de inmigración a corto plazo.
"Creo que se necesitará una señal del presidente sobre cuándo es el momento de actuar", opina. "Ahora mismo, la clave está en la aplicación de la ley".
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