Libertad para algunos, pero no para todos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha desbloqueado al menos 10 portales de internet de plataformas censuradas. Pero según la ONG VE Sin Filtro, casi 200 sitios web siguen bloqueados, entre ellos unos 80 medios.

Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, explica que esta medida represiva lleva años atacando la libertad de prensa: “El bloqueo de portales y sitios web en Venezuela tiene mucho tiempo, puede tener más de 15 años. Hay diversidad de razones o diversidades suposiciones porque nunca se ha dado una información oficial de la lista de portales bloqueados, ni tampoco las razones por las que están bloqueados”.

Ni las autoridades ni las empresas tecnológicas han justificado esta censura de sitios web. Pero César Batiz, director y cofundador de El Pitazo, uno de los medios desbloqueados, tiene claro el por qué.

“El primer bloqueo al Pitazo ocurrió el 17 de septiembre del año 2017, luego de la publicación de un reportaje en el cual revelamos que los primos de Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, tenían propiedades en España y Francia y que servían como testaferro de Diosdado Cabello. Ese primer bloqueo lo realizaron las empresas Digitel y Movilnet. Digitel, una empresa privada, Movilnet, una empresa del Estado”, dice.

El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web, y todos ellos fueron bloqueados: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le da la orden a las empresas tecnológicas que eviten el ingreso de los usuarios de esas empresas tecnológicas a esos dominios. Así, por supuesto, reduce la audiencia de los medios de comunicación, reduce la posibilidad que tenemos los medios de comunicación de intervenir en la opinión pública y de dar a conocer hechos graves de corrupción, violación de derechos humanos”, explica.

Los medios reciben el desbloqueo con una alegría tensa, porque nada garantiza que el Gobierno dé marcha atrás, ya que la arquitectura legal que permite esta represión sigue vigente: “El argumento legal que existe para poder aplicarla es básicamente la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios electrónicos. Y esa ley establece que hay una suerte de directriz que desde Conatel, en relación a los contenidos, se puede hacer de manera unilateral. Hace falta modificar esa ley o, por ejemplo, desarmar otra arquitectura legal. La denominada Ley contra el odio, que en Venezuela un delito o un pretendido delito de opinión asociado al odio tiene una sanción mucho más dura en cuanto a pena privativa de libertad que un homicidio”, indica.

Los periodistas son claros: pase lo que pase seguirán informando, denunciando la corrupción y defendiendo los derechos de los venezolan, bajo la promesa de que resistirán como lo han hecho hasta ahora.

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