El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, lo ha resumido en una frase: el nuevo Pacto de Migración y Asilo “crea las condiciones para que Europa decida quién puede venir, quién puede quedarse y quién debe irse”.
Con la entrada en vigor de este paquete legislativo se refuerza drásticamente el control de las fronteras y se aceleran los procesos de retorno.
Todos los países de la Unión Europea deberán disponer de instalaciones fronterizas para realizar controles de seguridad y registrar los datos biométricos de los recién llegados.
Los migrantes pueden ser obligados a permanecer en estas zonas de tránsito mientras se examina su expediente.
Para las peticiones de asilo, el plazo puede prolongarse hasta doce semanas. Y en caso de rechazo, se aplica un procedimiento acelerado de expulsión.
La Unión Europea ya ha elaborado una lista de países considerados seguros a los que pueden ser devueltos rápidamente, entre los cuales figuran Colombia y Marruecos.
Pero también existe una lista de países terceros a los que pueden ser enviados sencillamente, y entre otros, porque transitaron por él.
El Pacto también prevé mecanismos de solidaridad entre los países de la Unión Europea para apoyar a los que sufren una mayor presión migratoria. Los demás países deberán acoger a una parte de los solicitantes de asilo o contribuir económicamente pagando 20.000 euros por cada reubicación no asumida.
Se calcula que tan sólo once países de la Unión Europea tienen a punto todo lo necesario para aplicar plenamente las nuevas medidas.
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