La administración Trump puede invocar legítimamente una ley del siglo XVIII sobre los 'enemigos extranjeros' para justificar la expulsión de un inmigrante que pertenezca a una organización designada como 'terrorista' por Estados Unidos, en este caso un ciudadano venezolano miembro del grupo criminal Tren de Aragua, según falló una jueza federal estadounidense.
Es una inusual victoria legal para la administración Trump en el marco de su política de expulsión de migrantes en situación irregular, una estrategia que ha sido ampliamente impugnada ante los tribunales.
A mediados de marzo, el gobierno estadounidense ya había invocado la ley de los "enemigos extranjeros" —hasta ahora utilizada exclusivamente en tiempos de guerra— para detener a personas sospechosas de pertenecer a pandillas y deportarlas a El Salvador.
Hasta la fecha, varios jueces federales habían rechazado la aplicación de esa norma para justificar la expulsión de migrantes. Sin embargo, este martes, la jueza Stéphanie Haines consideró que el caso "entra dentro del marco" de la ley de los enemigos extranjeros de 1798. No obstante, precisó que la administración debe conceder "más tiempo del que otorga actualmente" a las personas que desea expulsar.
"En la medida en que el gobierno conceda un plazo suficiente y siga el debido proceso, ¿puede el presidente emitir una decisión conforme a la ley sobre los enemigos extranjeros para expulsar a ciudadanos venezolanos mayores de 14 años, que se encuentren en Estados Unidos sin haber sido naturalizados ni contar con permisos de residencia, y que sean miembros del Tren de Aragua, considerado como una organización terrorista? (…) El tribunal responde afirmativamente a esta pregunta", señala la decisión de la magistrada, que ejerce en Pensilvania, en el noreste del país.
La jueza también dictaminó que la administración debe establecer un plazo mínimo de 21 días entre la decisión de expulsión y su ejecución, para que los afectados puedan ser escuchados y eventualmente apelar.
Un precedente judicial
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de las prioridades absolutas de su segundo mandato, denunciando una supuesta "invasión" de criminales extranjeros y comunicando con frecuencia sobre las expulsiones de migrantes.
Sin embargo, su programa de deportaciones masivas se ha visto obstaculizado o ralentizado por múltiples decisiones judiciales.
Medios como Politico y The Washington Post destacan que el fallo de este martes marca un precedente, ya que contradice decisiones anteriores de otros jueces federales en estados como Colorado, Nueva York y Texas.
Finalmente, se estima que la Corte Suprema de EE. UU., de mayoría conservadora, podría terminar interviniendo para dirimir esta controversia legal.
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