Con Ottilia Ferey, corresponsal de RFI en Estocolmo
Obtener la nacionalidad sueca pronto será más complicado. A partir del próximo 6 de junio, entrarán en vigor en el país nuevas normas -más estrictas- para todos aquellos que deseen iniciar este proceso.
A partir de ahora, habrá que acreditar no cinco, sino ocho años de residencia en el país. Además, los solicitantes deberán contar con unos ingresos mínimos de 2.000 euros al mes, pasar nuevas pruebas de idioma y “llevar una vida honrada”, un criterio considerado impreciso y controvertido.
Si bien se aplicará a todos los nuevos expedientes, esta legislación también afectará a todas las personas cuya solicitud ya se encuentra en trámite, para su gran consternación. Tal es, por ejemplo, el caso de James, un británico de 46 años afincado en Suecia que lleva tres años esperando recibir su nuevo pasaporte.
Situación “kafkiana”
Al expresar su frustración ante esta nueva legislación, este hombre, quien confiesa haber “trabajado muy duro” para forjarse una vida en Suecia, aprender el idioma, formar una familia e integrarse en el país, dice sentirse “deshumanizado” y “menospreciado”, y añade que esta incertidumbre está afectando su salud.
A James le preocupa especialmente no poder alcanzar el nivel de ingresos requerido. Amargado, también considera que Suecia está creando un entorno cada vez más disuasivo, con trámites prolongados y expedientes que no llegan a buen puerto, con el objetivo de desalentar las solicitudes de visa o de nacionalidad.
Al referirse a una situación “kafkiana” y explicar que vino a Suecia para escapar de los discursos de odio y división, dice tener hoy “la impresión de estar presenciando un accidente a cámara lenta” y ver cómo el país repite los mismos errores que otros antes que él. A pesar de todo, James afirma que no quiere abandonar su proceso y se dice dispuesto a esperar todo lo que sea necesario.
Demócratas de Suecia, un partido antiinmigración que apoya al Gobierno pese a no formar parte de él, atribuye la ola de delincuencia organizada que azota el país a políticas migratorias fallidas aplicadas durante décadas.
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