El conteo de los votos en Perú, tan ajustado como dilatado, podría ahora judicializarse. El izquierdista Roberto Sánchez se resiste a que el voto exterior dé la presidencia a la derechista Keiko Fujimori. Y eso pese a que ya hayan pasado dos semanas desde que se celebró el balotaje por la presidencia del país para los próximos cinco años. 

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó este sábado 20 de junio que pedirá la anulación del voto en el exterior, después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de más de 1.700 mesas de la elección del pasado 7 de junio. Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior. El líder del partido Juntos por el Perú, que se presentó a las elecciones con la bandera política del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención de que se anule la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas.

Ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de las autoridades de no enviar de manera digital los resultados de las actas en el exterior y esperar a que estas llegaran a Lima para ser escrutadas, un cambio sobre el que las principales misiones internacionales de observación electoral no han visto una irregularidad grave ni tampoco señal de fraude.

La Cancillería ha rechazado categóricamente esa versión y han asegurado que no existió ninguna ruptura en la cadena de custodia y que todas las actas llegaron intactas a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Horas antes, miles de simpatizantes respondieron a su convocatoria para “defender el voto del pueblo”. La marcha avanzó hacia el centro de Lima atravesando la Plaza Dos de Mayo y la Plaza Bolognesi. Estuvo encabezada por Sánchez, sus dos vicepresidentas y el exfiscal José Domingo Pérez, quien investigó durante casi una década a Keiko Fujimori por presuntos aportes ilícitos en sus campañas políticas, caso que se archivó recientemente. Pese a la tensión política, la movilización transcurrió sin incidentes y no se registraron enfrentamientos con la policía.

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