A menudo se habla de los cables submarinos cuando se dañan o se sabotean, pero rara vez cuando funcionan con normalidad. Sin embargo, constituyen la columna vertebral del mundo digital. Hoy en día, el 99 % del tráfico digital mundial circula gracias a estos cables de fibra óptica tendidos en el fondo del mar. Con un grosor de apenas diez centímetros, parecen simples conductos, pero en realidad son las verdaderas arterias de la globalización y la comunicación. Gracias a ellos, en unas milésimas de segundo, es posible enviar una orden de transferencia de Dakar a Pekín, realizar una transacción financiera entre Londres y Singapur o incluso hacer una videollamada entre Buenos Aires y Atenas con muy poca latencia.
Es precisamente esta importancia estratégica la que explica el repentino interés de Irán por estas infraestructuras presentes en el estrecho de Ormuz. De hecho, Teherán se plantea imponer derechos de paso a los operadores de estos cables. Una idea impulsada por los Guardianes de la Revolución y que no tiene nada de trivial.
¿Por qué Irán quiere gravar los cables submarinos del estrecho de Ormuz?
A primera vista, gravar los cables submarinos puede parecer algo abstracto. Sin embargo, el principio no es nada nuevo. Egipto ya obtiene importantes ingresos gracias a su posición estratégica en el canal de Suez, sobre todo a través de las infraestructuras digitales que transitan por él. Una renta que reporta varios miles de millones de dólares al año. Este es el modelo que parece tener en mente Teherán. Pero la comparación tiene sus límites. Suez es un canal artificial administrado por un solo Estado, mientras que Ormuz es un estrecho natural regido por el derecho marítimo internacional, compartido entre varias soberanías.
A pesar de esta diferencia jurídica, el razonamiento iraní es claro. De hecho, los cables pasan cerca de sus aguas, generan valor, por lo que sería legítimo que el país captara una parte de ese valor. En otras palabras, si el mundo depende de esta ruta digital, ¿por qué no se beneficiaría Irán de ello? Detrás de esta lógica de soberanía económica se esconde en realidad un mensaje político: recordar que el estrecho de Ormuz no es solo un punto de paso petrolero, sino también una palanca estratégica sobre los flujos digitales mundiales.
Un impuesto improbable
Evidentemente, esto no significa que mañana Google, Microsoft o Amazon vayan a extender un cheque a Teherán. Las sanciones estadounidenses hacen que tal hipótesis sea muy improbable. Pero quizá ese no sea el verdadero tema. Lo que realmente está en juego es la incertidumbre generada. En cuanto un corredor estratégico se vuelve políticamente inestable, los operadores deben adaptar su estrategia: invertir más, proteger sus redes, diversificar sus rutas, reforzar sus seguros. Todo ello tiene un coste. En otras palabras, sin recaudar ni un solo dólar en impuestos, Irán ya está logrando algo: añadir una prima de riesgo al funcionamiento de la economía digital mundial.
Y esta incertidumbre pesa aún más dado que Teherán mantiene la amenaza de sabotear estos cables submarinos. El escenario de un apagón mundial sigue siendo poco probable, gracias a los mecanismos de redundancia de las redes. Pero una perturbación localizada podría ralentizar los pagos transfronterizos, complicar ciertas transacciones financieras entre Europa y Asia o incluso afectar al acceso a determinados servicios de almacenamiento en línea. En definitiva, el mundo entero se ha vuelto dependiente de estos cables submarinos. Y quien dice dependencia, dice vulnerabilidad. Eso es precisamente lo que ha comprendido Irán. En la economía digital, el poder no recae únicamente en quienes generan los datos, sino también en quienes controlan su flujo. Y en Ormuz, Teherán tiene la intención de dejarlo bien claro.
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