Son 37 denuncias contra religiosos por abusos sexuales entre 2001 y 2025. La comisión compuesta por académicos de dos universidades católicas investigó 24 de ellas. El resto concernían otras arquidiócesis y por eso fueron dejadas de lado.
“Este informe es histórico”
El español Yago de la Cierva, miembro de la Comisión Transparencia, viajó a ese país para la presentación de un informe que, según él, es sin precedentes: “Este informe es histórico porque es la primera vez que una arquidiócesis, que una institución de la Iglesia, sin presión externa, sin denuncias de los medios de comunicación, sin denuncia de las autoridades públicas, ha decidido encargar a una comisión completamente independiente en la gestión, en la financiación, en todo su trabajo, ha encargado ‘decidme qué he hecho mal’. Y es la primera vez, que yo sepa en todo el mundo, que una institución católica hace esto. Nosotros hemos hecho el informe de manera independiente y se lo hemos entregado a la diócesis”, explica a RFI.
El informe contiene más de dos decenas de recomendaciones. “Nosotros lo que investigamos es qué ha hecho la arquidiócesis cuando alguien se ha dirigido a ella diciendo ‘he sido abusado o conozco un caso de abuso’. Y entonces la mayoría de las 26 recomendaciones se refieren a cambiar el enfoque, a poner en el centro a las víctimas en primer lugar. Dar muchísimo más peso a la escucha de la víctima, es decir, no solamente a la atención mientras que se la escucha, sino al acompañamiento”, indica Yago de la Cierva.
Escuchar a la víctima y dejar constancia
Además, señala, “otra de las recomendaciones que es muy importante, es que se necesita dar una formalidad a todos estos procesos, es decir, tiene que quedar constancia de la denuncia, de lo que se hace a continuación, de cómo se acompaña a la víctima, de cuál es la pena que se pone al culpable, si hay investigación, etcétera. De tal manera que no solo se hace lo que se tiene que hacer, sino que además se deja constancia para poder examinar y rendir cuentas de lo sucedido”.
“O sea que lo que estamos diciendo es que la Arquidiócesis utilizaba mucha informalidad a la hora de gestionar estos casos, y lo que hemos recomendado es que tiene que documentarlo y además tiene que poner a personal especializado que sepa, o sea, que tenga una formación sobre estos temas y que dé continuidad a todas las políticas”, concluye De la Cierva.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, informó que cinco religiosos fueron condenados por la justicia y expulsados de la Iglesia por estas acusaciones. Ulloa pidió perdón por los crímenes, algo que ya había hecho en 2023 aunque de forma general.
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