En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron simultáneamente esa pregunta. De fondo, una lista con los nombres de los periodistas asesinados en México. A través de esta campaña, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y los medios participantes exigen al Estado una respuesta a esta violencia que, insisten, no puede convertirse en la norma. La situación es crítica, como explica a Radio Francia Internacional Artur Romeu, director de RSF en América Latina.
"México es, de lejos, el país donde más periodistas son asesinados en América Latina. Es un problema crónico, no es de hoy. Es un problema histórico. Pero este año ya tuvimos siete periodistas asesinados en tan solo siete meses".
En total, 17 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024. Según Artur Romeu, casi el 70% de las muertes se concentran en cinco estados: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Las principales víctimas son periodistas locales que cubren temas políticos, policiales, judiciales o de corrupción.
"Los periodistas son sistemáticamente blanco de estos ataques. Son ejecuciones extrajudiciales. En el 95% de los casos no se trata de periodistas que estaban cubriendo algo en el ejercicio de sus funciones, como alguien que cubriría una zona de guerra. No. En México, esos periodistas son blancos claros de grupos criminales que muchas veces tienen vínculos con agentes públicos", agrega Romeu.
Esta violencia tiene un "impacto brutal" en la libertad de prensa, ya que genera desiertos informativos en vastas zonas del país, además de autocensura entre los periodistas. Un clima del que da testimonio Armando Ríos, periodista de investigación en Vanguardia MX, un diario del norteño estado de Coahuila.
"En Coahuila, la violencia que en algún momento hemos visto doblega, digamos, la libertad de expresión. Algunos medios locales han optado por actuar más como relacionistas públicos de los gobiernos locales de turno, sobre todo municipales".
El propio periódico ha sido víctima de esta violencia en diversas formas, ya sea a través de atentados, persecución judicial, amenazas o agresiones contra sus periodistas. Según Ríos, estos ataques provienen tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. De ahí la importancia de que el Estado reaccione en todos sus niveles.
"También en los estados hay poderes, hay gobiernos diferentes y hay gente que debería, si no garantizarlo, por lo menos generar las condiciones para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, auténtico y confiable".
Por eso, RSF y los diversos medios exigen al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones.
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