En su página web se presentan como una empresa que prioriza la puntualidad. Nos referimos a Galaga SAC, la compañía que retrasó material electoral y acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano.
Mayor desconfianza en las instituciones
“Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, explica a RFI el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó del retraso electoral directamente a Servicios Generales Galaga, que niega las acusaciones. Pero lo más rocambolesco de todo esto es que la ONPE volvió a adjudicar a esta firma un contrato para transporte de material electoral tras haberla penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares.
“No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones que están desarrollando en ese momento van a dilucidar”, comenta Rodrich.
Tentación de “impugnar los resultados”
Es cierto que el retraso de estos votos no será determinante para el cómputo general del escrutinio, pero podría ser utilizado por cualquier candidato o partido político como denuncia ante un posible fraude electoral.
Marcela Ríos, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analiza para RFI que “ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”.
“Y creo que es muy importante que todas las instituciones peruanas puedan hacer una investigación exhaustiva de cuáles han sido los problemas. Pero también sobre todo aprender y subsanar los problemas, porque se viene una segunda vuelta presidencial sí o sí, y es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añade.
Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, ayer la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. Según indicó la institución, esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.
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