La ONU relaciona al menos 11 adopciones irregulares con la fiscal de Guatemala Consuelo Porras

Guatemala, 1982. En plena guerra civil se multiplican las masacres por todo el país como la de Plan de Sánchez en la que más de 250 personas, principalmente mujeres y niñas, fueron violadas, torturadas y asesinadas al norte de la capital por paramilitares. Este clima de terror que reina en ese momento era el caldo de cultivo para otras víctimas: las de las adopciones ilegales internacionales. En ese mismo año 1982 y durante siete meses, la actual fiscal general de Guatemala, la controvertida Consuelo Porras, sobre la que pesan numerosas denuncias, es la directora del Hogar temporal Elísa Martínez, situado al sur de la capital guatemalteca.  Ahora, más de cuatro décadas después, expertos de la ONU han comprobado y verificado los datos de al menos once casos de adopciones ilegales que se produjeron en ese lugar entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, el periodo en el que Porras fue directora del centro y tutora legal de los niños. El hogar estatal, ya cerrado, acogía a niños y niñas en situación de riesgo.

En declaraciones a RFI, Gabriela Citroni, relatora e integrante del grupo de la ONU para las desapariciones forzadas, ha señalado que recibieron relatos de "diferentes fuentes sobre las que tenemos que guardar confidencialidad pero que hemos averiguado una por una, con información fidedigna". En total la ONU ha recibido información de al menos 80 casos de niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales tras su captura y desaparición forzosa entre 1968 y 1996. De ese total de casos, al menos 11 coninciden con el periodo de Porras al frente del Hogar temporal Elísa Martínez donde ella era la máxima autoridad. En ese lugar se llegaron a falsificar documentos relacionados con la identidad biológica de los niños dados en adopción y en algunos casos incluso sobre su nacionalidad según las fuentes de la ONU. 

"Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas", aseguró Porras en un mensaje que difundió en X dirigido al secretario general de la ONU y a la prensa. Porras, de 72 años, añadió que iniciará "las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección".

El grupo de expertos de la ONU critica que la fiscal se haya postulado para ser una de los diez magistrados -titulares y suplentes- de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, e instaron a quienes los eligen a tener "cautela" ante las "graves alegaciones" denunciadas. La elección de los magistrados, un proceso que dura más de dos meses, es clave en el pulso por el control de la justicia en Guatemala, influenciada por una élite política y económica señalada de corrupta. La fiscal general no obtuvo ningún voto este lunes en la elección que correspondía a la estatal Universidad de San Carlos. Porras podría buscar ahora el cargo por medio del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, dos entes que todavía están pendientes de postular a su magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Pues el periodo para el relevo de magistrado vence en abril.

En 2022 Porras ganó la reelección al frente del Ministerio Público a pesar de que un año antes fue incluida por Estados Unidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por “obstruir” investigaciones de casos de corrupción en la nación centroamericana.

Después fue sancionada por 40 países por “presunta corrupción y acciones que socavan la democracia y el estado de derecho”. En 2023, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, la acusó de fraguar un fallido golpe de Estado. Porras ha sido una de las principales antagonistas del actual Gobierno.

(Con AFP y fuentes propias de RFI) 

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