Con Federico Guiglia y Anne Le Nir, corresponsales en Roma

La Constitución no se toca, los jueces y fiscales no se separan en dos distintas carreras y el Consejo superior judicial no se cambia en la manera de elegir a sus representantes.

Casi el 54% de los electores italianos contra el 46% rechazó con un referéndum la ley de reforma constitucional aprobada por el Parlamento, propuesta y sostenida por el Gobierno y por la primera ministra Giorgia Meloni.

La reforma del poder judicial, que requería una modificación de la Constitución, preveía la separación de las carreras de jueces y fiscales, la división del Consejo Superior de la Justicia en dos, el nombramiento de los altos magistrados por sorteo y la creación de un nuevo Tribunal Superior Disciplinario compuesto por 15 miembros.  Tres miembros serían nombrados por el presidente de la República, otros tres seleccionados por sorteo a partir de una lista elaborada por el Parlamento y nueve seleccionados por sorteo entre los jueces y fiscales.

Los dos principales partidos de la oposición, el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, denunciaron por su parte un intento de control sobre los magistrados y criticaron una reforma que no abordaba los problemas de fondo, como los juicios excesivamente largos o las cárceles superpobladas.

Un freno para otras reformas

La participación de los ciudadanos fue alta (cerca del 60%) y la victoria política obtenida por la oposición de centroizquierda, que hizo una fuerte campaña para votar no a la reforma, fue clara.

En tres años de gobierno es la primera verdadera derrota política para Giorgia Meloni, que puso la cara en el referéndum, pero que no va a renunciar, como había dicho antes de la batalla electoral. Este “no” podría frenar otras reformas constitucionales que le interesan especialmente a Meloni, como la de la ley electoral.

Para la oposición, la victoria del “no” pone de manifiesto la voluntad de preservar la autonomía del poder judicial y supone una señal importante para el futuro, subrayó Elly Schlein, líder del Partido Demócrata: “El país pide una alternativa a este Gobierno y tenemos la responsabilidad de hacer realidad ese deseo”. Esto significa unir a todos los partidos de centroizquierda en torno a un mismo programa de cara a las elecciones legislativas de 2027.

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