La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, condenada este martes en apelación a tres años de prisión —uno de ellos de cumplimiento efectivo bajo vigilancia electrónica— y a 45 meses de inhabilitación política, de los cuales 30 quedaron en suspenso, podrá teóricamente presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, aunque deberá hacerlo con un brazalete electrónico.
La decisión de la Corte de Apelación de París en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (actualmente Agrupación Nacional, RN) abre un escenario inédito para los comicios presidenciales previstos para el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027.
La dirigente ultraderechista no queda excluida de la carrera presidencial. Podrá aspirar por cuarta vez al Palacio del Elíseo —tras haber cumplido ya 15 meses de inhabilitación desde la sentencia de primera instancia dictada el 31 de marzo de 2025—, pero deberá realizar campaña con un dispositivo electrónico en el tobillo o la muñeca, conectado a un sistema de control de vigilancia.
Sin embargo, Marine Le Pen ya había advertido que se negaría a realizar una campaña electoral bajo esas condiciones.
"No me presentaré. Cuando uno es candidato a la presidencia debe tener total libertad de movimientos, y eso no ocurre si se lleva un brazalete electrónico", declaró el 2 de julio al canal LCI.
La diputada por Pas-de-Calais, abogada de formación, dispone en teoría de diez días para presentar un recurso ante la Corte de Casación. No obstante, había dado a entender tanto el 3 de febrero de 2026, tras las conclusiones de la fiscalía general, como en noviembre de 2025, que no recurriría ante la máxima instancia judicial al considerar que, en cualquier caso, ya se veía perjudicada por el procedimiento.
Si finalmente decidiera acudir a la Corte de Casación —un recurso considerado suspensivo según la interpretación predominante— correría el riesgo de quedar apartada de la contienda poco antes de la primera vuelta mientras los magistrados examinan el caso. La Corte había señalado que, de recibir el recurso, emitiría una decisión a más tardar a comienzos de enero de 2027.
Una fecha que llegaría demasiado tarde para desarrollar una campaña electoral, incluso si la condena fuese finalmente anulada.
El llamado caso de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Frente Nacional se remonta a 2014. La investigación se centra en el uso de fondos del Parlamento Europeo —4,1 millones de euros entre 2004 y 2016— por parte de Marine Le Pen y otros dirigentes del partido para remunerar a personas que, según la acusación, trabajaban en realidad para la formación política y no para la institución europea.
Plan B o plan Bardella
Condenada en primera instancia, el 31 de marzo de 2025, a cuatro años de prisión —dos de ellos de cumplimiento efectivo—, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata, Marine Le Pen vio reducida parte de la pena en apelación, aunque la multa se mantuvo intacta. El nuevo fallo, sin embargo, configura una situación judicial y política de gran complejidad.
La condena, considerada por sus detractores como una marca que podría debilitar una eventual campaña presidencial, tiene importantes consecuencias políticas.
La principal incógnita es si Le Pen activará un eventual "plan B" y cederá el protagonismo a Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional y figura ascendente de la extrema derecha francesa, para que sea candidato en 2027, o si mantendrá su intención inicial de competir personalmente por la presidencia.
Los jueces consideraron que Marine Le Pen desempeñó un "papel central" en el sistema de contratación investigado, descrito como un mecanismo de remuneraciones de una magnitud sin precedentes bajo la Quinta República francesa, y del que habría establecido las reglas de funcionamiento.
La presidenta de la Corte de Apelación, Michèle Agi, calificó los hechos de "graves" y denunció un "modo de funcionamiento semejante a una organización", impulsado primero por Jean‑Marie Le Pen y posteriormente por Marine Le Pen, con el objetivo de "apropiarse" de fondos públicos durante más de once años.
"Los hechos desacreditaron a las instituciones europeas y son también graves porque crearon una ruptura de igualdad respecto de los demás partidos políticos", subrayó la magistrada.
Acostumbrada a la confrontación política, la dirigente, candidata presidencial en tres ocasiones (2012, 2017 y 2022) y finalista frente al presidente Emmanuel Macron en 2017 y 2022, había lanzado una advertencia en declaraciones a la cadena LCI: “Tengo la piel bastante dura. Si alguien pretende matarme políticamente, más vale que lleve un cuchillo bien afilado”.
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