Francia: Asamblea da un paso decisivo hacia la legalización de la 'ayuda a morir'

Impulsada como una de las principales reformas del segundo mandato de Emmanuel Macron, la iniciativa ha seguido un largo recorrido legislativo desde 2022, incluyendo una convención ciudadana y varias lecturas parlamentarias.

El texto establece un marco legal que permitiría, bajo condiciones estrictas, acceder a una sustancia letal con acompañamiento médico. Entre los criterios definidos figuran ser mayor de edad, padecer una enfermedad grave e incurable con pronóstico vital comprometido, sufrir dolores físicos y poder expresar una voluntad libre e informada. La auto-administración del producto se mantiene como regla general, mientras que la intervención de un profesional sanitario se limitaría a los casos en los que el paciente no pueda hacerlo por sí mismo.

Durante el proceso legislativo, los diputados introdujeron ajustes destinados a reforzar el carácter “equilibrado” del dispositivo, según sus promotores. Entre ellos, la eliminación de delitos de incitación o de obstaculización, así como precisiones sobre el procedimiento y las condiciones de acceso. El gobierno prevé que, tras un nuevo rechazo del Senado, la Asamblea tenga la última palabra.

Sin embargo, la reforma sigue generando fuertes críticas políticas, médicas y sociales. Diversos sectores la consideran un cambio de paradigma que afecta profundamente a la ética del cuidado. Desde la derecha hasta el Reagrupamiento Nacional, algunos diputados denuncian una “ruptura irreversible” y advierten sobre una supuesta insuficiencia de garantías, calificando los mecanismos de control como “ficticios”.

En el ámbito sanitario, la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos alerta sobre una transformación del rol del médico, que pasaría de aliviar el sufrimiento a poder provocar la muerte, lo que —según sostienen— rompería la relación de confianza con el paciente. En la misma línea, múltiples voces insisten en que la prioridad debería ser el desarrollo de los cuidados paliativos, aún desigualmente accesibles en el territorio.

También se han expresado críticas desde el ámbito religioso y asociativo. El arzobispo de París ha llamado a no avanzar por un camino que considera contrario a la fraternidad, mientras que organizaciones como Alliance Vita o la Fundación Lejeune denuncian una ley “indigna” o incluso “fratricida”. Otros colectivos cuestionan la legitimidad del proceso legislativo, señalando una participación parlamentaria irregular y acusando al Ejecutivo de imponer la reforma.

Por último, algunos responsables políticos, incluso fuera de la oposición directa, han advertido sobre el riesgo de una evolución progresiva del marco legal. Citan ejemplos internacionales donde, tras una legalización inicial limitada, los criterios de acceso se han ido ampliando con el tiempo.