Fin de 'Parole in Place' pone en riesgo de deportación a 500.000 migrantes

RFI entrevistó a la abogada Rachel Schmidtke, de la ONG 'Refugees International', sobre la decisión de la administración Trump de cancelar a partir del 24 de abril el estatus legal que tienen en Estados Unidos más de 500.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Actualmente, todos ellos están amparados bajo un programa llamado 'Parole in Place', instaurado por la administración anterior de Biden.

El objetivo de ese programa era proveer temporalmente, por un lapso de dos años, protección contra la deportación a ciudadanos procedentes de países que, entre otros, estén en situación de violencia o crisis de derechos humanos. El 24 de abril, sin embargo, se cancelará ese programa.

Rachel Schmidtke, abogada sénior para América Latina de Refugees International', explica por qué el programa 'Parole in Place' tuvo grandes beneficios para los estados concernidos. 

"Este tipo de vía legal, iniciada bajo la administración Biden, fue muy buena porque la gente podía trabajar. Muchos de los estados que recibieron a estas personas de 'Parole in place' dicen que fue muy bueno para sus economías. Las personas cuentan con patrocinadores que los ayudan apoyándolos en su integración, entre otros, económica. Entonces realmente no es un gasto para Estados Unidos", dice la abogada de esta ONG estadounidense. 

Segunda oportunidad para solicitantes de asilo y del TPS 

La medida no afecta de manera inmediata a los 500.000 migrantes concernidos. Aquellos que ya habían solicitado asilo como refugiados o al menos una protección temporal contra la deportación llamada TPS (Estatuto de Protección Temporal, un estatus migratorio temporal otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan condiciones extraordinarias, como desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias), podrán permanecer si se falla a su favor. El resto, no obstante, ya no podrá hacerlo y queda sujeto a la fecha límite del 24 de abril.

"El Parole in Place tenía una vigencia de dos años. Pero, como se canceló, solo la gente que han iniciado una solicitud para otra aplicación de estatus regular en Estados Unidos, como el asilo o el TPS, están protegidos. Los que no iniciaron ese tipo de estatuto corren el riesgo de ser deportados. Hay 75.000 personas que iniciaron en una aplicación para estatus de refugiado, el proceso de asilo. Pero hay muchas barreras. Por ejemplo, los nicaragüenses no tienen acceso al TPS, entonces para ellos la única opción es el asilo", precisa.

La única solución por el momento para aquellos afectados es la vía legal. Las precisiones con la abogada en asuntos migratorios Rachel Schmidtke:

"Hay litigios que empezaron a finales de febrero en los que se está argumentando que esta terminación o esta cancelación del programa ‘Parole’ no debe pasar. También están diciendo que parando o no dejando a las personas aplicar para otros estatus también es ilegal porque es el Congreso estadounidense el que debe dar el permiso a las personas para aplicar al sistema de asilo. Entonces no pueden ya justificar o decir que no pueden procesar esos tipos de aplicaciones", subraya.