El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump se enfrenta a 18 cargos relacionados con la posesión y transmisión de documentos confidenciales durante su primer mandato. Implicado en una investigación judicial, John Bolton, que no ha dejado de criticar al presidente, está acusado de infringir las leyes relativas al espionaje. En el espacio de un mes, es la tercera personalidad abiertamente crítica con el presidente estadounidense que se ve envuelta en un proceso judicial.
Según la acusación, entre abril de 2018 y agosto de 2025, John Bolton compartió más de mil documentos: copias de su agenda e información sobre sus actividades oficiales, incluidas notas clasificadas como “alto secreto”. Lo hizo con dos miembros de su familia que no estaban autorizados a conocerlos, según informa el corresponsal de RFI en Washington, Vincent Souriau.
Según la cadena CNN, se trata de su esposa y su hija, con quienes se comunicó por correo electrónico desde una cuenta personal. Como agravante, esta cuenta fue posteriormente pirateada. John Bolton informó al Gobierno al respecto, pero nunca precisó que la había utilizado para almacenar información sensible.
Durante un registro del FBI en su domicilio cercano a Washington, también se recuperaron ejemplares impresos de su agenda, así como varios fascículos marcados como “secretos”, confidenciales o clasificados. En teoría, este tipo de documentación no tiene por qué salir de los edificios oficiales. Si es declarado culpable, John Bolton se enfrenta a una pena de prisión muy severa.
“Un tipo desagradable”, denuncia Donald Trump
“Es un tipo desagradable, es una pena. Pero así son las cosas”, respondió el presidente republicano cuando los periodistas le preguntaron en la Casa Blanca sobre esta acusación. Donald Trump expresó en repetidas ocasiones durante la campaña electoral su voluntad, una vez de vuelta en el poder, de vengarse de todos aquellos a los que considera enemigos personales.
La acusación contra John Bolton sigue a la del exdirector del FBI, James Comey, y a la de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
En agosto, el FBI había registrado el domicilio y la oficina de John Bolton. El registro se motivó por sospechas de violación de la ley de espionaje, en particular “la retención y divulgación de información clasificada o relacionada con la defensa nacional”, según documentos judiciales publicados en septiembre.
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