La medida, fruto de un pacto entre el Gobierno y el partido izquierdista Podemos, beneficiará a más de medio millón de extranjeros que ya residen en España.
Podrán acogerse a ella quienes estuvieran en el país antes del pasado 31 de diciembre, no tengan antecedentes penales y lleven al menos cinco meses en territorio español en el momento de la solicitud.
Ésta se podrá realizar entre abril y junio de 2026, y será resuelta en tres meses.
Suspensión de las órdenes de expulsión
Para acreditar los requisitos se podrán utilizar documentos como el padrón, contratos de alquiler, informes de consultas médicas o incluso tickets de transporte.
Además, durante la demanda se suspenderán las órdenes de expulsión o retorno que recaigan sobre los solicitantes, y si esta es admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional para poder trabajar legalmente y tener acceso a la asistencia sanitaria.
La norma llega tras la falta de acuerdo parlamentario con la derecha y la ultraderecha en 2024, por lo que esta vez se utilizará un real decreto, que no requiere la aprobación del Congreso.
El Gobierno español es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la postura adoptada por muchos países del bloque. El plan se presenta a raíz de una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones, que exigía la regularización excepcional de todos los inmigrantes en situación irregular en España.
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