Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos juristas de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar la actuación del tribunal de La Haya.
Con Cristóbal Vásquez, corresponsal de RFI en Washington
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en un comunicado que la Corte Penal Internacional es una amenaza para la seguridad nacional porque actúa como herramienta judicial en contra de Estados Unidos y su aliado cercano, Israel.
"Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos de los cuales obtuvieron su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses, a resistir las pretensiones de esta institución en bancarrota", agregó Rubio.
Los sancionados son dos jueces y dos fiscales de la corte: Kimberly Prost de Canadá, Nicolas Guillou de Francia, Nazhat Shameem Khan de Fiji y Mame Mandiaye de Senegal, implicados en formular las órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa.
A los sancionados se les congelarán cuentas bancarias y bienes que tengan en Estados Unidos y no podrán volver a entrar a suelo estadounidense. Cabe mencionar que ni Estados Unidos ni Israel son parte de la CPI, pero el tribunal sostiene que puede emitir órdenes de arresto contra ciudadanos de dichos países porque los lugares en los que supuestamente ocurrieron los crímenes sí son parte del tribunal.
La CPI, en su propio comunicado, denunció el "ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial". Las sanciones son "contrarias al principio de independencia de la justicia", declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.
La administración Trump rechaza de manera contundente la autoridad de la corte, que cuenta con el respaldo de casi todas las democracias europeas y fue establecida como un tribunal de último recurso cuando los sistemas nacionales no permiten que se haga justicia.
El viernes, Trump recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska, a pesar de que el gobernante ruso enfrenta una orden de arresto de la CPI, un factor que ha impedido que viaje más ampliamente desde que ordenó la invasión de Ucrania.
Rubio impuso sanciones a otros cuatro jueces de la CPI en junio.
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