El Parlamento cubano ha dado luz verde a un paquete de reformas para fomentar la apertura económica. Sin embargo, expertos debaten si estas medidas son suficientes o si representan simples "parches" ante una crisis estructural agravada por las sanciones de EE. UU.
En un intento por frenar la profunda crisis económica y energética que asfixia a la isla, el Parlamento de Cuba ha aprobado una batería de 176 medidas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la autorización para que más de 15,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) inicien sus actividades, un movimiento que busca dinamizar el mercado interno.
Para Ricardo Torres, economista de Horizonte Cubano, estas medidas representan un giro necesario. Torres destaca la eliminación de restricciones en actividades profesionales y técnicas, así como los incentivos en el sector energético. "Es un cambio importante y positivo que elimina trabas innecesarias para el desarrollo del país", afirma el experto, subrayando que cualquier avance en materia de energía es vital en el contexto actual.
No obstante, Torres señala un obstáculo crítico: la falta de capital. A pesar de la resiliencia y creatividad del sector privado doméstico, la movilización de recursos a gran escala sigue siendo una tarea casi imposible debido a las limitaciones financieras internas y externas.
¿Reformas reales o medidas desesperadas?
Desde una perspectiva más escéptica, Jorge Duany, académico de la Universidad de Florida, considera que estas reformas son un "esfuerzo desesperado". Según Duany, las medidas no atacan el núcleo del problema: el modelo de planificación centralizada.
"No se introducen cambios sustanciales al modelo económico", advierte Duany. El académico sostiene que, sin un estado de derecho sólido y una reforma estructural profunda, estas medidas se quedan en simples "parches" que difícilmente podrán contener la debacle económica.
El factor externo: Sanciones y presión política
El clima de inversión se ve enturbiado por la política de "máxima presión" de la administración de Donald Trump. El incremento de las sanciones estadounidenses y el bloqueo energético han generado una gran inseguridad jurídica, ahuyentando a inversores extranjeros.
Empresas de sectores estratégicos como el turismo y la minería —muchas de ellas con capital español— se han visto obligadas a abandonar la isla o han visto dificultadas sus operaciones. Esta presión externa, sumada a las deficiencias estructurales del país, mantiene a la economía cubana en una situación de vulnerabilidad extrema, al borde del colapso.
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