Tras más de diez años de restricciones severas, las autoridades chinas han flexibilizado parcialmente las medidas, permitiendo ahora que algunos uigures que viven en el extranjero visiten a sus familias en la región noroccidental de Xinjiang. Sin embargo, según Human Rights Watch (HRW), China instrumentaliza estos permisos para vigilar a la diáspora y reprimir la disidencia.
"Una docena de interrogatorios"
"Un visitante nos contó que había sido sometido a una docena de interrogatorios, uno de los cuales duró más de siete horas. La policía exige las direcciones y los números de teléfono de activistas conocidos que viven en Australia", testifica Yalkun Uluyol, investigador sobre China, en entrevista con el servicio internacional de RFI.
"Se intimida a las personas con el objetivo de silenciar cualquier denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por China en Xinjiang. Muchos australianos tienen miedo cuando visitan a sus familias, ya que son vigilados de cerca y deben informar diariamente a las autoridades sobre sus desplazamientos. Temen por su seguridad. ¿Y cómo pueden oponerse, cuando saben que tanto ellos como sus familias están en manos de las autoridades?"
– Yalkun Uluyol, investigador sobre China
Una ley controvertida
En julio entró en vigor en China una nueva y controvertida ley sobre la unidad étnica, con alcance extraterritorial. Las organizaciones o personas que atenten contra la unidad nacional fuera de China podrán ser consideradas "legalmente responsables". Esta ley se promulga apenas cuatro años después de que un informe de la ONU señalara que las detenciones arbitrarias, la tortura y el trabajo forzado en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
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