La decisión forma parte de una serie de iniciativas y tomas de posición del Gobierno de Javier Milei respecto a la inmigración y sus derechos, que son más restrictivas que las que existían hasta ahora en el país, históricamente abierto y flexible a la llegada e integración de extranjeros.
La resolución publicada el lunes implica que los extranjeros sin residencia permanente en Argentina deberán presentar un seguro médico o pagar la atención por adelantado en casos en que requieran cuidados que no sean de emergencia.
"La atención de emergencia no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos", aclaró el martes en una rueda de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Serán socorridos sin dilación aquellos que presenten infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, quemaduras extensas, emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales entre otros, detalló en un comunicado el ministerio de Salud.
Los residentes permanentes sí tienen garantizado el mismo acceso que los argentinos nativos.
En cualquier caso, el alcance de esta norma es menor, ya que sólo comprende a centros de salud gestionados por el Estado Nacional, que representan un porcentaje ínfimo del total, en un país en el que la mayoría de los servicios sanitarios son provistos por las provincias y los municipios.
De todos modos, un tercio de las 24 provincias argentinas ya cobran por atención médica a extranjeros en ciertos casos.
En Argentina la atención médica y la educación son gratuitas dentro del sistema público.
Durante su conferencia, Ravier dijo que la medida ataca los "tours sanitarios, donde hay gente que viene al país, se atiende en un hospital público y se vuelve a su lugar de origen".
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