El caso de Maricarmen ha sacudido la política y la sociedad españolas. Decenas de miles de personas marcharon por el centro de la capital española con pancartas este fin de semana en las que exigían medidas para frenar el aumento de los costos de la vivienda y dificultar los desahucios.

Las imágenes de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, siendo sacada en camilla de su apartamento en Madrid el miércoles, después de que la policía derribara la puerta, puso de nuevo en el centro del debate la crisis de la vivienda en España, a pocos meses de las elecciones y tras varias legislaturas en las que la izquierda de Pedro Sánchez no ha logrado tomar la iniciativa en esta materia. 

"Tú podrías ser la próxima Maricarmen", se leía en varias pancartas este sábado por la noche en el centro de Madrid.  "El desahucio de Maricarmen ha provocado una conmoción y es un punto de no retorno", declaró a la prensa al inicio de la marcha Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

La propia Maricarmen, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pidió a los ciudadanos que se sumen a la lucha en un mensaje de vídeo difundido en internet pocas horas antes de la protesta. "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas", afirmó en un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento desde su desahucio.

Las autoridades contabilizaron unos 25.000 manifestantes, mientras que el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizador de la protesta, afirmó que participaron más de 300.000.

Al terminar la marcha, algunos activistas instalaron un campamento en la Puerta del Sol, neurálgica plaza del centro de Madrid de donde partió la marcha.

"No podemos más. O cae el rentismo o cae el gobierno", dijo en X el sindicato en un comunicado, en el que instó a la población a reunirse allí.

Según el sindicato de inquilinos, Abascal se vio obligada a abandonar el apartamento donde vivió unos 70 años después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales. El presidente Sánchez, quien el año pasado prometió convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, afronta una presión creciente para actuar.

Una manifestante sostiene una pancarta con el mensaje "derecho a techo" durante una protesta contra los desahucios y la crisis de la vivienda en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid el 26 de septiembre de 2026

 

Está previsto que el Gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas bautizado como "decreto Maricarmen", que incluiría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos.

Sin embargo, no está claro que el paquete obtenga el respaldo del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría.

Un proyecto de ley similar fue rechazado a principios de este año, aunque el caso de Maricarmen ha incrementado la presión sobre los partidos políticos para que actúen.

El Banco de España estima que el país, con unos 50 millones de habitantes, tiene un déficit de 700.000 viviendas, según la brecha entre la demanda y la nueva construcción.

España tiene muy poca vivienda pública, mientras que los alquileres se han disparado por el aumento de la demanda, incluida la procedente del turismo y del crecimiento de la población ligado a la migración, según analistas.

 

(Con AFP)

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