El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, salió al paso este viernes para justificar el incremento en los precios de los combustibles registrado en la República Dominicana, y reconoció que la situación internacional continúa generando presiones que inciden directamente en la economía del país. El funcionario aseguró que el Gobierno ha hecho esfuerzos significativos para proteger a la población, aunque no descartó la adopción de nuevas medidas de ajuste.
Paliza indicó que, en lo que va del año, el Estado dominicano ha destinado cerca de RD$1,800 millones en subsidios para mitigar los efectos de la crisis energética global sobre los bolsillos de los dominicanos. Sin embargo, advirtió que esa capacidad de absorción tiene límites y que el contexto internacional sigue agravándose, lo que podría obligar al Gobierno a tomar decisiones económicas adicionales en las próximas semanas.
El ministro reconoció que, si bien el país cuenta con herramientas para enfrentar el impacto de la volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos, las presiones externas no ceden. En ese sentido, subrayó que la administración del presidente Luis Abinader ha actuado con responsabilidad fiscal, priorizando la protección de los sectores más vulnerables frente a un escenario que calificó como complejo y de difícil predicción.
El alza anunciada esta semana contempla incrementos de hasta RD$9 por galón en algunos tipos de combustibles, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene congelado. La medida llega en un momento de alta sensibilidad económica para las familias dominicanas, que ya resienten el impacto de la inflación importada derivada del conflicto en Medio Oriente y la inestabilidad en los mercados globales de energía.
El Ministro de la Presidencia hizo un llamado a la ciudadanía a comprender el contexto internacional que motiva estas decisiones, y reafirmó el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica del país. No obstante, la advertencia sobre posibles nuevos ajustes mantiene en alerta a los sectores productivos y a los consumidores, que esperan señales más concretas sobre el rumbo de la política energética en los próximos meses.
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