Las mujeres son casi la mitad de quienes integran el funcionariado público dominicano, pero continúan siendo minoría en los espacios donde se concentra el mayor poder político y económico del país.
Así lo revelan los primeros hallazgos del Observatorio de Participación Política y Paridad, una plataforma pública impulsada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), cuyos datos muestran una tendencia persistente: a medida que aumenta el nivel de poder, disminuye la presencia de las mujeres.
En el Gobierno Central, las mujeres representan el 49.5 % de las 5,064 plazas analizadas. Sin embargo, solo dos de los 23 ministerios, equivalentes al 8.7 %, están encabezados por mujeres.
Para la directora ejecutiva de CIPAF, Syra Taveras Pineda, los datos demuestran que la desigualdad no se limita a la cantidad de mujeres que participan en la política, sino a la forma en que se distribuye el poder.
“La desigualdad en la participación política de las mujeres sigue siendo una desigualdad en la distribución del poder. No basta con contar cuántas mujeres llegan; tenemos que preguntarnos a dónde llegan, en qué condiciones y cuánto poder ejercen una vez ahí”, expresó.
La ausencia es aún más evidente en las instituciones vinculadas a la producción y la administración de importantes recursos públicos. Ninguno de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio, Turismo, Medio Ambiente, Energía y Minas o Vivienda está dirigido por una mujer. En conjunto, estas instituciones manejan alrededor de RD$ 203 mil millones.
El mismo patrón se repite en los gobiernos locales. Solo 16 de las 158 alcaldías del país están encabezadas por mujeres, equivalente al 10.1 %, mientras las mujeres ocupan el 89.9 % de las vicealcaldías. En los distritos municipales, representan apenas el 9.8 % de las direcciones, pero alcanzan el 90.1% de las subdirecciones.
En el Congreso Nacional, las mujeres ocupan solo 4 de los 32 escaños del Senado, equivalente al 12.5%, mientras que representan el 36.8 % de la Cámara de Diputados. Ninguna mujer ha presidido el Senado en los últimos 11 años.
La situación también se reproduce dentro de los partidos políticos. Aunque las mujeres representan aproximadamente la mitad de la militancia registrada en el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, solo 5 de las 41 presidencias partidarias, equivalentes al 12.2 %, están ocupadas por mujeres.
Uno de los hallazgos más reveladores del Observatorio aparece en el sistema de justicia. En los espacios donde el acceso depende principalmente de concursos y carreras profesionales, las mujeres son mayoría: representan el 64 % de la judicatura ordinaria y el 77 % de los juzgados de paz. Sin embargo, ninguna mujer preside actualmente el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral ni la Junta Central Electoral.
Para CIPAF, este contraste evidencia que la brecha no responde a una falta de preparación o capacidad de las mujeres, sino a las reglas y mecanismos que determinan quién accede a los principales espacios de decisión. Los datos también muestran un retroceso en la cantidad de mujeres electas. De 998 mujeres en 2020, la cifra descendió a 940 en las elecciones de 2024, una reducción de 5.8 %.
Además, las desigualdades se extienden al financiamiento político: solo el 31.2 % del gasto de campaña declarado ante la Junta Central Electoral corresponde a mujeres, mientras que las candidatas que terminan sus campañas con déficit registran una deuda mediana 5.25 veces mayor que la de los hombres.
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