Los partidos minoritarios sobreviven entre alianzas electorales, fondos estatales y cuotas de poder público

Hay partidos que no ganan elecciones, no llenan mítines y casi nunca aparecen en el centro del debate nacional. Sin embargo, reciben dinero público, se montan en boletas ajenas y, cuando el aliado correcto llega al poder, algunos de sus dirigentes terminan ocupando espacios en el Estado. No necesitan convencer a una mayoría: les basta con ser útiles para quien sí puede ganar. 

Hay que examinar el negocio político de no desaparecer. En la República Dominicana, la supervivencia de muchos partidos minoritarios no depende solo de convencer electores, sino de conservar personería jurídica, cruzar umbrales mínimos, pactar con organizaciones grandes y mantenerse dentro del reparto institucional. 

La fórmula se repite con pocas variaciones: conservar reconocimiento legal, colocar siglas en una alianza, aportar una estructura territorial mínima y luego convertir ese respaldo en financiamiento, candidaturas, visibilidad o cargos. No siempre hay ilegalidad, pero sí un mecanismo que permite vivir de la política sin demostrar una representación proporcional ante las urnas. 

En ese mercado, un 0,5 % puede parecer poco para el ciudadano común. Para un partido grande, en una contienda cerrada, puede ser la diferencia entre ganar o perder una plaza. Ahí empieza el valor de los llamados partidos bisagra: no controlan la puerta del poder, pero ayudan a abrirla. 

Por eso los partidos grandes los buscan. Les ofrecen espacios en la boleta, apoyo en algunos municipios o posibles cargos. A cambio, los partidos pequeños ponen sus siglas, sus dirigentes, sus delegados y los votos que puedan mover. 

Después de las elecciones viene la otra parte. Si la alianza gana, algunos dirigentes de esos partidos pueden aparecer en ministerios, direcciones, subdirecciones, consulados, embajadas o instituciones del Estado. Así, aunque el partido haya sacado pocos votos, sigue teniendo vida política. 

En términos simples: no tienen fuerza para gobernar solos, pero sí valor suficiente para vender cercanía, siglas y votos marginales a quienes buscan completar una mayoría. 

La raya del 1 % y la décima que vale millones 

La pelea por ese valor político se hizo más visible después de la sentencia TSE/0010/2025. El Tribunal Superior Electoral reinterpretó la expresión “última elección” y ordenó observar el ciclo electoral completo para categorizar los partidos y fijar el financiamiento público. La Junta Central Electoral aplicó ese criterio en resoluciones posteriores, lo que cambió el mapa del dinero partidario. 

El nuevo esquema convirtió el 1 % en una frontera de alto valor. Para 2026, la JCE dispuso RD$1,620 millones para 41 organizaciones políticas: RD$1,296 millones fueron destinados a los tres partidos mayoritarios; RD$194.4 millones, a cinco partidos ubicados entre 1 % y menos de 5 %; y RD$129.6 millones, a organizaciones por debajo del 1 % que conservaron personería jurídica. 

La diferencia es brutal. Una organización del tramo menor recibiría alrededor de RD$3.9 millones anuales; una que cruza la barrera del 1 % puede recibir RD$38.88 millones. Es decir: en el tablero electoral dominicano, una décima porcentual puede valer decenas de millones de pesos y abrir una puerta más ancha para negociar con los grandes. 

El historial reciente confirma el tamaño del negocio. En el ciclo 2016-2020, los partidos que sacaron entre 1 % y 5 % se repartieron alrededor de RD$1,103.5 millones, mientras los ubicados entre 0.01 % y 1 % recibieron cerca de RD$735.7 millones. 

El mensaje es incómodo pero claro: aunque parezcan organizaciones pequeñas, por esa vía han circulado cientos de millones de pesos del presupuesto público. El problema no es la existencia de partidos minoritarios; el problema es que algunos parecen sobrevivir más por el diseño del reparto que por su arraigo real en la ciudadanía. 

Pero el dinero de la JCE no es lo único. El beneficio mayor puede estar en los cargos, los contactos, la presencia en instituciones públicas y la posibilidad de seguir sentado en la mesa donde se reparten decisiones. 

Cargos, influencia y acceso al aparato público 

El dinero de la JCE cuenta, pero no explica todo. La recompensa más atractiva puede llegar después de las urnas: presencia en instituciones, direcciones, embajadas, organismos descentralizados o cargos electivos negociados dentro de una alianza. Esa ruta convierte a partidos con pocos votos en socios útiles del poder. 

Entre los casos mencionados está Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio, quien pasó al Ministerio de Obras Públicas. También Luis Miguel De Camps, presidente del PRSD, quien fue ministro de Trabajo y luego ministro de Educación. Otro caso es Julio César Valentín, de Justicia Social, designado en la Superintendencia de Seguros. 

También aparecen Milton Morrison, de País Posible, quien dirigió EDESUR y luego el Intrant; Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, del Partido Cívico Renovador, en Desarrollo Fronterizo; Élsido Díaz, del Partido Democrático Alternativo; y Max Puig, de Alianza por la Democracia, vinculado al Consejo Nacional para el Cambio Climático. 

Otros nombres citados son Maritza López, del Partido de Acción Liberal, en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo; Juan Cohen, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, como embajador en Chile; y José Antolín Polanco, del Partido Verde Dominicano, en el Consejo Nacional de Fronteras. 

También están Ramón Gory, del Partido Humanista Dominicano, en el Parlamento Centroamericano; Antonio Marte, de Primero la Gente, senador por Santiago Rodríguez; y Karina Aristy, del Partido Liberal Reformista, alcaldesa de Higüey. Estos casos muestran que el beneficio no siempre llega como nombramiento: a veces llega como cargo electivo, poder local o representación regional. 

La lista no prueba por sí misma un intercambio ilegal. Pero sí exhibe un patrón que la ciudadanía tiene derecho a cuestionar: partidos con respaldo electoral limitado aparecen conectados a cuotas de poder, cargos públicos o representación institucional. La pregunta no es solo quién fue nombrado, sino qué peso real tuvo el voto ciudadano frente al peso de los acuerdos políticos. 

El 1 % como salvavidas político 

Según resultados oficiales y resoluciones electorales, varias organizaciones han oscilado por debajo del 1 % en distintos niveles de votación. Aunque esas cifras son pequeñas, pueden bastar para sostener relevancia dentro de alianzas amplias, especialmente cuando las contiendas se definen por márgenes estrechos. 

• Partido Verde Dominicano (PVD): registró aproximadamente 0.37 % en 2020 y 0.41 % en 2024; pese a mantenerse por debajo del 1 %, recibió financiamiento público. 

• Partido Demócrata Institucional (PDI): pasó de cerca de 0.43 % en 2020 a 0.39 % en 2024, conservando acceso a fondos públicos. 

• Unión Demócrata Cristiana (UDC): obtuvo alrededor de 0.29 % en 2020 y 0.22 % en 2024, manteniéndose dentro del grupo de partidos beneficiados por financiamiento estatal. 

• Partido Cívico Renovador (PCR): descendió de aproximadamente 0.47 % en 2020 a 0.31 % en 2024, pero continuó recibiendo recursos públicos. 

• Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC): se ubicó cerca de 0.51 % en 2020 y 0.48 % en 2024, dentro del universo de organizaciones de baja votación con financiamiento. 

• Partido Popular Cristiano (PPC): registró cerca de 0.22 % en 2020 y 0.18 % en 2024, manteniendo apoyo público pese a su reducido peso electoral. 

• Partido Humanista Dominicano (PHD): alcanzó aproximadamente 0.63 % en 2020 y 0.55 % en 2024, con acceso a financiamiento estatal. 

• Partido de Unidad Nacional (PUN): obtuvo cerca de 0.71 % en 2020 y 0,62 % en 2024, situándose como una de las organizaciones más próximas al umbral de 1 %. 

La permanencia no depende de una sola elección presidencial. Tras la sentencia TSE/0010/2025, la clasificación debe observar el ciclo electoral completo, incluyendo los niveles presidencial, congresual y municipal. 

Antes del cambio, el sistema permitía que organizaciones con votaciones reducidas recibieran montos relativamente altos dentro de la bolsa de partidos minoritarios. Con la nueva lectura, el 1 % se volvió una frontera económica decisiva. 

La modificación de 2025 redujo el beneficio de existir sin crecer y aumentó el premio por superar esa barrera. Para muchas organizaciones pequeñas, el objetivo ya no será solo conservar personería jurídica, sino cruzar el umbral que multiplica los recursos disponibles. 

El nuevo premio de pasar de pequeño a intermedio 

El reordenamiento abrió una competencia interna entre partidos pequeños. El tramo de 1 % a menos de 5 % se convirtió en una categoría de alto valor: no ofrece los recursos de los grandes partidos, pero sí fondos suficientes para sostener estructura, propaganda, locales, personal político y negociación territorial. 

• Dominicanos por el Cambio: aparece en el tramo intermedio de acuerdo con la categorización posterior al ciclo electoral, lo que incrementa su valor como aliado y su capacidad de negociación. 

• País Posible: figura entre las organizaciones que superaron el umbral de 1 %, con mayor acceso a financiamiento y más margen para negociar alianzas. 

• PRSC: se mantiene por encima del 1 % y conserva peso negociador como partido tradicional, aunque su incidencia depende en buena medida de pactos electorales. 

• PUN: aparece cercano al 1 %, lo que convierte cada décima porcentual en un activo político y financiero de alto valor. 

• PHD, PRSD, APD, PVD, PCR, PPC, UDC y PAL: integran el universo de organizaciones con menor votación o desempeño variable, pero siguen operando como actores de coalición con recursos públicos reducidos y utilidad estratégica en alianzas. 

Críticas al modelo de financiamiento 

Las críticas al modelo no vienen solo de adversarios políticos. Organizaciones de la sociedad civil y analistas electorales han advertido que el sistema dominicano combina financiamiento público generoso, partidos débiles, controles insuficientes y una rendición de cuentas que no siempre permite saber si el dinero fortalece la democracia o simplemente sostiene maquinarias electorales de bajo rendimiento. Participación Ciudadana ha identificado problemas como opacidad del financiamiento político, baja confianza ciudadana, inequidad en el acceso a recursos y necesidad de fortalecer la fiscalización. 

La politóloga Rosario Espinal ha planteado que la legislación dominicana favorece la proliferación de partidos y que las alianzas constantes con organizaciones grandes permiten a partidos pequeños conservar requisitos legales, representación y acceso al financiamiento público. Su análisis advierte que el dinero estatal, pensado originalmente para reducir la dependencia de aportes privados, no ha impedido acomodos políticos ni la permanencia de estructuras con votación exigua. 

Desde otra línea crítica, propuestas de reforma difundidas en 2026 han planteado elevar al 5 % el umbral mínimo para conservar personería jurídica o incluso eliminar el financiamiento público directo a los partidos. Sus defensores argumentan que el esquema actual subsidia estructuras con escaso respaldo ciudadano y fragmenta el sistema político; sus críticos, en cambio, advierten que un umbral demasiado alto podría cerrar el paso a fuerzas emergentes y reducir la pluralidad democrática. 

Ese debate deja al descubierto el dilema central: cómo financiar la democracia sin convertir el dinero público en una renta política permanente. Para los críticos, el problema no es que existan partidos pequeños, sino que el sistema no siempre exige suficiente transparencia, democracia interna, rendición de cuentas ni correspondencia clara entre votos obtenidos y recursos recibidos. 

La factura es pública. Sale del bolsillo del trabajador, del comerciante, del chofer, de la ama de casa, del profesional independiente y del pequeño empresario. Por eso la pregunta no puede quedarse en cuánto reciben los partidos: debe mirar qué producen con ese dinero, a quién rinden cuentas y por qué el Estado sigue financiando estructuras que, en muchos casos, no logran demostrar un respaldo ciudadano significativo. 

El precio de estar disponible 

La reforma de 2025 movió las piezas, pero no desmontó el negocio. Ahora muchos partidos pequeños tienen una meta concreta: cruzar el 1 %. Si lo logran, no solo reciben más dinero; también aumentan su precio político frente a los partidos grandes. 

El mercado de las alianzas sigue vivo. Lo que cambió fue el precio. Cada voto, cada sigla y cada dirigente territorial pueden convertirse en una ficha de cambio cuando llega la hora de formar una coalición. 

El debate  queda planteado en términos de responsabilidad pública. El Estado debe decidir si continúa financiando partidos con escaso respaldo electoral o si exige mayor apoyo ciudadano antes de entregar dinero público. 

Mientras no haya reglas más duras, auditorías oportunas, sanciones efectivas y transparencia real sobre el uso de fondos y la negociación de alianzas, los partidos pequeños seguirán jugando un papel desproporcionado. Tal vez no ganen elecciones, pero pueden ayudar a decidir quién las gana; y, en muchos casos, seguirán cobrando por estar disponibles.