JCE íntima Fuerza del Pueblo por presunta realización de actos con contenido político-partidario fuera del periodo permitido

La Junta Central Electoral (JCE) notificó este lunes al Partido Fuerza del Pueblo (FP) un acto de intimación y advertencia mediante el cual exhorta a dicha organización política a adecuar de inmediato sus acciones públicas al marco constitucional y a la normativa electoral vigente tras la realización del partido que lidera el expresidente Leonel Fernández de una marcha en sectores populares del Distrito Nacional este pasado domingo 30 de noviembre.

La medida surge luego de que el órgano electoral constata la realización, el pasado 30 de noviembre de 2025, de la actividad denominada “Marcha del Pueblo”, convocada y promovida por el FP a través de sus canales oficiales y utilizando símbolos, colores y consignas partidarias. De acuerdo con el documento, la participación de dirigentes y militantes utilizando elementos identificativos del partido podría configurar actos de naturaleza política fuera de los plazos permitidos para la campaña o precampaña.

La JCE recordó que, aunque la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica, dicho ejercicio debe armonizarse con las disposiciones de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, a fin de evitar que actividades de carácter social se confundan con propaganda electoral anticipada, afectando la equidad entre las organizaciones políticas.

En ese sentido, el Pleno del organismo electoral dispuso intimar formalmente al Partido Fuerza del Pueblo para que adopte las medidas necesarias que eviten la mezcla entre protestas sociales y actos de propaganda política antes del inicio oficial de la campaña electoral.

Además advertir que el incumplimiento podría derivar en la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, a través de la Unidad de Sanciones y Medidas Cautelares, conforme a las leyes 33-18 y 20-23.

Por igual la JCE señaló que, de verificarse nuevas acciones que constituyan infracciones, el partido y sus dirigentes podrían enfrentar sanciones que van desde uno hasta doscientos salarios mínimos, tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral.