El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, calificó este lunes como una “aberración jurídica” la sentencia TC/788/2024 emitida por el Tribunal Constitucional, sobre las candidaturas independientes, señalando que la misma excede los límites de sus facultades constitucionales.
En una serie de publicaciones a través de su cuenta en X, Moreno criticó la decisión del máximo órgano constitucional, argumentando que con esta sentencia se ha modificado el régimen de representación política consagrado en la Constitución dominicana, particularmente en su artículo 216.
Este artículo establece que la representación política ante los poderes del Estado debe canalizarse a través de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y no mediante organizaciones “civiles” o “sociales de ciudadanos”.
“¿Tiene acaso el Tribunal Constitucional potestad para modificar lo dispuesto en la Constitución y ampliar el régimen de representación que consagra el artículo 216?”, cuestionó el dirigente político, resaltando que el Tribunal Constitucional carece de facultades para alterar el texto constitucional.
Además, consideró que una sentencia del máximo intérprete de la Constitución pueda resultar, en sí misma, inconstitucional y, por tanto, nula.
Moreno subrayó que la profunda crisis de representatividad que afecta al sistema político dominicano no se resolverá mediante la inclusión de candidaturas “civiles” o “sociales” y manifestó que las verdaderas raíces de esta crisis radican en el clientelismo, la inequidad en el financiamiento de las campañas y el alto costo de la política, factores que distorsionan la soberanía ciudadana.
"No es verdad que la representación de candidaturas 'civiles' o 'sociales', por sí solas, sin atacar las causas estructurales, vaya a resolver la crisis de representatividad que corroe el sistema político dominicano", afirmó Moreno.
El excandidato al Senado por el Distrito Nacional hizo un llamado a respetar el orden constitucional y a que los órganos del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, actúen dentro de los límites que la Carta Magna les otorga, a la vez que advirtió que decisiones como esta no solo generan incertidumbre jurídica, sino que también debilitan la confianza en las instituciones democráticas.
Finalmente, reiteró que la solución a la crisis de representatividad requiere un abordaje integral que ataque las causas profundas y no simples ajustes superficiales que, lejos de resolver los problemas, podrían agravarlos.