La Fuerza del Pueblo (FP) propuso reformar la legislación dominicana para establecer penas de hasta 30 años de prisión por el contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra hacia Haití.
Orlando Espinosa, titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de la FP, consideró que las sanciones vigentes deben ser revisadas para responder a las modalidades utilizadas por el crimen organizado en operaciones de comercio internacional.
El dirigente señaló que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla penas de hasta diez años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece condenas de hasta 30 años para delitos específicos relacionados con el desvío de pertrechos oficiales.
Espinosa sostuvo que el Congreso Nacional debería armonizar ambas legislaciones para evitar que el tráfico de armas y municiones reciba sanciones menos severas cuando se realiza mediante operaciones aduaneras.
Cita casos de tráfico de armas y municiones
Como parte de sus argumentos, Espinosa citó informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití que documentan incautaciones de armas y municiones vinculadas al tráfico hacia el vecino país.
Entre los casos mencionó la incautación en el puerto de Haina de un contenedor procedente de Miami, declarado como transporte de ajuares del hogar, en cuyo interior fueron encontrados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
También se refirió al caso de un segundo teniente del Ejército dominicano detenido junto a un ciudadano haitiano mientras, según los informes citados, transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia San Juan.
El dirigente indicó además que informes de Naciones Unidas han documentado la presencia de municiones con las siglas del Ejército de República Dominicana (ERD) en poder de organizaciones criminales haitianas.
Propone sanciones adicionales
La Fuerza del Pueblo plantea que las investigaciones relacionadas con el tráfico de armas no se limiten a quienes transportan las mercancías, sino que alcancen también a los organizadores, financiadores y beneficiarios de las operaciones, así como a funcionarios cuya eventual participación pueda ser demostrada.
Entre las medidas propuestas figuran el endurecimiento de las penas por reincidencia, la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la incautación definitiva de los bienes utilizados por las redes de contrabando.
Espinosa reclamó además explicaciones de las autoridades sobre las medidas adoptadas para impedir que puertos, aduanas y plataformas logísticas dominicanas sean utilizados para el tráfico ilegal de armamento hacia Haití.
El dirigente sostuvo que combatir estas redes requiere controles aduaneros, investigaciones judiciales, cooperación internacional y un marco legal con sanciones acordes con la gravedad de los delitos.
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