Una guerra lejana, consecuencias cercanas (3 de 4)

Algunas guerras terminan antes en el campo militar que en la economía. Sus efectos continúan desplazándose durante meses —y a veces hasta años— a través de mercados, precios, crédito y expectativas, estrechando progresivamente los márgenes de gobiernos, empresas y hogares, y modificando silenciosamente la vida económica cotidiana.

En la primera entrega de esta serie se abordó cómo la distancia geográfica dejó de ser una protección efectiva frente a conflictos capaces de alterar simultáneamente energía, comercio, finanzas y expectativas a escala global. En la segunda, el foco se desplazó hacia los mecanismos concretos mediante los cuales la guerra termina trasladándose a la economía cotidiana: petróleo, alimentos, inflación, crédito, desaceleración del crecimiento y de la creación de empleos.

En esta tercera entrega, el análisis entra en otra dimensión del problema: las restricciones y tensiones que una crisis internacional prolongada impone sobre la política monetaria y fiscal desde sus primeras fases, estrechando progresivamente el margen de acción de las autoridades económicas y obligándolas a administrar no solo inflación y crecimiento, sino también incertidumbre persistente.

1. La inflación que no puede combatirse fácilmente

En circunstancias normales, las autoridades económicas disponen de instrumentos relativamente conocidos para preservar crecimiento, estabilidad de precios y equilibrio macroeconómico. Desde la política monetaria, los bancos centrales pueden influir sobre las tasas de interés, propiciar mayor o menor liquidez e inducir escenarios de crédito más expansivos o restrictivos. Desde la política fiscal, los gobiernos pueden aumentar subsidios, reasignar gasto público, estimular inversión o ajustar ingresos y déficits presupuestarios.

Sin embargo, las crisis prolongadas asociadas a conflictos geopolíticos alteran ese equilibrio y reducen significativamente la eficacia de muchas herramientas tradicionales de política económica.

El problema radica en que buena parte de las presiones actuales —intensificadas tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz— no provienen de un exceso de demanda interna, sino de choques externos de oferta: petróleo más caro, mayores costos logísticos, fertilizantes encarecidos, interrupciones parciales en cadenas de suministro y primas de riesgo más elevadas en mercados energéticos y financieros. Se trata, por tanto, de una inflación importada cuya dinámica depende mucho menos del consumo interno que de tensiones externas que continúan propagándose incluso después del impacto inicial.

Ahí aparecen los rezagos. El petróleo adquirido hoy a precios elevados —muchas veces mediante contratos y compras a futuro— no se transforma inmediatamente en combustible consumido por hogares y empresas. Ese crudo será transportado, entregado, refinado, distribuido como combustible y comercializado durante los próximos meses, incorporando todavía costos generados en esta etapa de tensión internacional. Solo después terminará reflejándose plenamente en el precio que paga el consumidor cuando carga combustible.

Algo similar ocurre con fertilizantes, fungicidas, herbicidas y otros insumos agrícolas cuyas alzas de precio se aceleraron tras la crisis. Aunque esos insumos se adquieran o apliquen hoy, sus efectos económicos se reflejarán meses después, cuando las cosechas entren al mercado incorporando costos de producción más elevados.

Eso significa que, aun si el conflicto disminuyera de intensidad o concluyera en el corto plazo, parte importante de sus efectos económicos continuaría desplazándose durante meses a través de inventarios, contratos, cadenas logísticas y ciclos productivos ya comprometidos. La economía, en otras palabras, no absorbe estos choques de manera instantánea: los arrastra en el tiempo.

Y es precisamente ahí donde comienza a estrecharse el margen de maniobra de las autoridades económicas. Porque combatir inflación sin profundizar desaceleración, contener precios sin agravar presiones fiscales y preservar estabilidad sin sofocar todavía más la actividad económica termina convirtiéndose en un equilibrio cada vez más frágil y difícil de sostener.

2. Tasas altas y margen monetario estrecho

En ese contexto, las autoridades monetarias enfrentan una de las tensiones más complejas que puede producir una crisis prolongada de origen externo: contener inflación sin profundizar desaceleración económica.

En condiciones normales, una economía que pierde dinamismo podría ser estimulada mediante reducción de tasas de interés, expansión de liquidez y mayor disponibilidad de crédito. Ese tipo de flexibilización monetaria persigue abaratar financiamiento, mejorar rentabilidad de proyectos y estimular inversión, consumo y actividad económica.

Sin embargo, cuando la inflación proviene principalmente de choques externos de oferta —como ocurre con aumentos persistentes en petróleo, transporte, fertilizantes y costos logísticos— el margen para aplicar esas medidas se estrecha considerablemente. Reducir tasas o expandir liquidez demasiado rápido puede terminar alimentando presiones inflacionarias y deteriorando expectativas sobre estabilidad de precios y tipo de cambio.

Ahí emerge el dilema. Las mismas tasas altas que ayudan a contener inflación también encarecen crédito, moderan inversión y reducen dinamismo económico. Sectores particularmente sensibles al financiamiento —como construcción, consumo durable y parte de la actividad empresarial— tienden entonces a desacelerarse, mientras hogares y empresas adoptan posiciones más cautelosas frente a nuevas decisiones de gasto e inversión.

La situación se vuelve más compleja cuando la incertidumbre internacional comienza a prolongarse. Porque ya no se trata únicamente de administrar un choque temporal, sino de preservar estabilidad macroeconómica en medio de precios energéticos inestables y expectativas financieras sometidas a alta volatilidad.

En ese escenario, la política monetaria opera bajo restricciones cada vez mayores. Flexibilizar demasiado puede agravar inflación y presiones cambiarias; mantener condiciones monetarias restrictivas durante demasiado tiempo puede debilitar todavía más crecimiento, crédito y actividad productiva.

Y es precisamente ahí donde el conflicto internacional deja de ser un fenómeno lejano para convertirse también en una fuente creciente de estrés macroeconómico interno.

3. Subsidios, presión fiscal y costo social de amortiguar la crisis

A las restricciones monetarias se suma otra presión delicada: el costo fiscal creciente de amortiguar, sobre hogares y empresas, el encarecimiento energético internacional.

Para evitar que las alzas del petróleo se trasladen abruptamente al consumidor final, el gobierno dominicano ha optado por mantener relativamente estables los precios internos de gasolina, gasoil y gas licuado mediante subsidios cada vez más elevados. Algo similar ocurre con parte de la factura eléctrica, donde el Estado también absorbe una proporción del aumento en los costos de generación energética asociados al encarecimiento internacional del petróleo y otros combustibles. La lógica de esa política es comprensible: contener un golpe mayor sobre inflación, transporte, costos de producción y poder adquisitivo. Pero mientras más se prolonga el conflicto, más difícil se vuelve sostener ese esfuerzo sin generar nuevas tensiones sobre las finanzas públicas.

El problema aparece cuando los recursos originalmente presupuestados para subsidios energéticos comienzan a agotarse antes de lo previsto, obligando al gobierno a buscar fondos adicionales. Cada nueva asignación destinada a ese propósito abre una pregunta inevitable: ¿de dónde sale ese dinero?

Porque los márgenes fiscales tampoco son infinitos. Los recursos redirigidos hacia subsidios dejan de estar disponibles para otras prioridades: infraestructura económica, programas sociales, salud, educación, mantenimiento de servicios, apoyo productivo o proyectos vinculados al crecimiento y al desarrollo. Incluso si parte proviene de endeudamiento, la presión no desaparece; apenas se desplaza hacia adelante como mayor compromiso fiscal futuro.

Ahí emerge uno de los dilemas más sensibles de una crisis prolongada: proteger a la población del impacto inmediato del choque externo sin debilitar en exceso la sostenibilidad financiera del Estado.

En ese punto, una guerra lejana comienza a producir efectos concretos sobre economías pequeñas y abiertas como la dominicana. El conflicto ya no se expresa solo en precios internacionales más altos o inflación importada, sino también en decisiones difíciles sobre gasto público, prioridades presupuestarias y capacidad futura de inversión y desarrollo.

La presión, en consecuencia, deja de sentirse únicamente en mercados y consumidores. También se instala, silenciosamente, en el presupuesto nacional. Y es precisamente en ese punto donde una guerra lejana comienza a producir efectos concretos sobre economías pequeñas y abiertas como la dominicana. El conflicto ya no se expresa solo en precios internacionales más altos o en inflación importada, sino también en decisiones difíciles sobre gasto público, prioridades presupuestarias y capacidad futura de inversión y desarrollo.

Epílogo: administrar incertidumbre

Las guerras prolongadas erosionan progresivamente la capacidad de previsión. Y cuando una economía pierde previsibilidad, cambian también las decisiones de gobiernos, empresas y hogares.

En economías pequeñas y abiertas como la dominicana, lo que ocurre a miles de kilómetros termina reflejándose en costos, expectativas y márgenes de maniobra.

Y es precisamente ahí donde una guerra lejana deja de ser lejana: cuando sus efectos comienzan a instalarse, silenciosamente, en la vida económica cotidiana y en la percepción del futuro.

La guerra termina instalándose donde más duele: en la economía nacional y en la vida cotidiana.