Una defensa al establishment, no a los dominicanos

Por algunas redes sociales circulan opiniones y llamados de políticos dominicanos con cierto liderazgo, respecto a las elecciones del Distrito Congresional 13 de New York City, a celebrarse el martes 13 de junio.  Esta intervención, además de impropia, constituye una expresión descarada de injerencia política extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente a los votantes y residentes de esta ciudad. Que altos funcionarios de la República Dominicana intenten orientar el voto de la diáspora revela hasta qué punto ciertos sectores del poder dominicano continúan viendo a los dominicanos en el exterior no como ciudadanos con voz propia, sino como instrumentos eco Establishmentnómicos y capital político manipulable.

Durante décadas, la diáspora dominicana ha sido tratada como una fuente inagotable de divisas. Cada año envía más de 10 mil millones de dólares en remesas, sosteniendo hogares, comunidades y sectores enteros de la economía dominicana. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento histórico de la clase política dominicana, emerge una verdad incómoda: el Estado dominicano ha mostrado más interés en extraer recursos de su diáspora que en defender sus derechos, fortalecer su representación o proteger su dignidad.

Por eso resulta hipócrita que funcionarios que nunca han legislado seriamente en favor de la diáspora pretendan ahora decirle a los dominicanos en Nueva York por quién votar. Carecen de autoridad moral. No conocen el peso del alquiler en Washington Heights, el miedo al desalojo en Inwood, la angustia del pequeño comerciante en el Bronx, ni la incertidumbre del joven dominicano que, pese a nacer o crecer en esta ciudad, sigue atrapado entre exclusión económica, racialización y falta de oportunidades.

La crisis que vive la comunidad dominicana no es accidental, es consecuencia directa de un modelo económico y político que ha privilegiado la especulación inmobiliaria, la gentrificación y la concentración de riqueza sobre la permanencia de las comunidades trabajadoras. Durante años, fondos de inversión, desarrolladores y caseros depredadores han convertido nuestros barrios en mercados de extracción. Las familias son desplazadas, los negocios históricos desaparecen y la identidad cultural dominicana es erosionada por fuerzas económicas respaldadas por actores políticos que hablan de progreso mientras administran el desarraigo y aceptan financiamientos de sus campañas políticas con cientos de miles de dólares, como es el caso del congresista Adriano Espaillat.

Después de más de tres décadas de representación dominicana en espacios de poder, la comunidad tiene derecho a preguntarse: ¿qué ha cambiado realmente para la mayoría? Los alquileres continúan subiendo, el acceso a vivienda digna se deteriora, el empleo estable escasea y el costo de vida asfixia a las familias trabajadoras. La representación simbólica, sin transformación material, termina siendo una fachada.

La defensa automática de figuras del establishment político equivale, en la práctica, a la defensa del orden que ha normalizado el desplazamiento social. Respaldar a quienes han guardado silencio frente a desalojos, abusos de caseros y transferencia de riqueza hacia las élites financieras, significa prolongar un sistema que premia a los poderosos y sacrifica a las comunidades vulnerables.

Más aún, apoyar liderazgos alineados con estructuras imperiales y agendas militaristas internacionales también implica respaldar políticas exteriores que han sido denunciadas por amplios sectores globales por facilitar violencia, destrucción y sufrimiento humano, incluyendo la devastación de poblaciones civiles en conflictos como el de Gaza. La política local no puede separarse de las alianzas éticas y geopolíticas que cada liderazgo decide sostener.

La comunidad dominicana del Distrito 13 tiene derecho a romper con la obediencia política heredada. Tiene derecho a cuestionar, desafiar y sustituir a quienes han administrado la crisis sin resolverla. Tiene derecho a apostar por un liderazgo nuevo, combativo y comprometido con la defensa del inquilino, del pequeño negocio, de la juventud y de la dignidad colectiva. Por eso ha propuesto la elección de Darializa Avila Chevalier, una joven de ascendencia dominicana, que trae promesas de una gestión más humana y equilibrada, en la cual se busquen soluciones a los males que aquejan a los dominicanos de aquí, de los que viven su realidad día a día; los que llevan años luchando contra viento y marea para sostenerse y sostener a los de allá.

Los dominicanos en Nueva York no necesitan tutores políticos desde Santo Domingo. No necesitan padrinos del poder. Necesitan líderes que conozcan su dolor, compartan sus luchas y estén dispuestos a confrontar los intereses que lucran con su desplazamiento.

El tiempo del miedo político debe terminar. El tiempo de la obediencia silenciosa debe terminar. La diáspora dominicana no está para recibir órdenes: está para ejercer poder, reclamar justicia y decidir su futuro con plena soberanía política.