Un presupuesto sin pacto

Hablar de política fiscal es hablar de derechos. Las finanzas públicas no son un fin en sí mismas, sino un medio para construir bienestar colectivo, garantizar derechos y sostener el pacto social y político entre ciudadanía y Estado.

Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 vuelve a presentarse, con escasas excepciones, como un ejercicio meramente contable, más preocupado por equilibrar cifras que por responder a las preguntas de fondo: ¿qué tipo de sociedad queremos?, ¿qué Estado necesitamos?, ¿quiénes pagan y quiénes se benefician del gasto público?

La política fiscal está en el corazón del contrato social. Determina qué prioridades colectivas se financian, quién asume los costos y cuál es la legitimidad y la eficacia del Estado para garantizar derechos. Por eso, aunque el debate presupuestario suele envolverse en tecnicismos, en el fondo es un debate político sobre poder, equidad y el modelo de desarrollo que el país quiere.

Como analizo en un reciente análisis publicado por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), en “Un presupuesto sin pacto, Análisis de Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 en República Dominicana”, la propuesta de Presupuesto 2026 mantiene la misma estructura y rigideces de los gobiernos anteriores: unas bases tributarias insuficientes, un gasto corriente que crece sin traducirse en mayor bienestar, una estructura institucional ineficaz e ineficiente que representa el uso clientelar del Estado, una inversión pública estancada y una deuda que continúa absorbiendo recursos esenciales.

Es, en definitiva, más de lo mismo. Un presupuesto que preserva la estabilidad macroeconómica, pero sin abrir espacio para la justicia fiscal ni para una redistribución del crecimiento. Las reformas hacia la transparencia y el equilibrio fiscal, o para la priorización de unos pocos programas; poco pueden hacer frente a una estructura dominante que se alimenta sola y que necesita ser revisada de raíz.

Mientras el país siga postergando el Pacto Fiscal —mandato expreso del artículo 36 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo—, seguirá atrapado en un ciclo de parches anuales y promesas de reforma que nunca llegan. Ese pacto, que debió haberse concretado hace una década, no es un asunto técnico, sino político y ciudadano. Requiere confianza, participación y un debate abierto sobre las prioridades del gasto, la progresividad de los impuestos y la eficiencia del Estado.

La sostenibilidad fiscal, la legitimidad democrática y la posibilidad misma de construir un Estado social de derechos dependen de ello. Sin un pacto fiscal incluyente, ningún presupuesto podrá ser realmente transformador.