Transformación productiva y política pública contra la pobreza y la desigualdad social (IV)

República Dominicana: crecimiento con brecha

La República Dominicana ha sido uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina en las últimas dos décadas. No obstante, ese crecimiento no ha sido de la calidad necesaria para dar al traste con las profundas desigualdades estructurales de la nación. .

Se trata de desigualdades que no dependen únicamente de la estructura orgánica del proceso de producción,  crecimiento económico de largo plazo y de las formas en como se distribuye la riqueza que se crea, sino que además, provienen de las propias raíces del modelo histórico de desarrollo económico y social, de las fallas institucionales, históricas y productivas, del sistema tributario, y entre otros de factores culturales, de creencias y patrones sociopolíticos que actúan como mecanismos estructurales de reproducción de la desigualdad.

En el plano de la estructura orgánica del proceso productivo, podemos citar al desarrollo desigual entre los sectores económicos, la baja productividad sistémica afectado entre otros factores por débil progreso tecnológico, la escasa I+D, capital humano con debilidades de desigual espacio de formación, con menores oportunidades para los de menores ingresos y más vulnerables, la dependencia tecnológica externa, la ausencia de encadenamientos productivos, problemas de competitividad, entre otros.

En materia distributiva  y bajo la influencia estructural del carácter de las relaciones sociales de producción y de la propiedad, se destacan la concentración del capital y la tierra, alta desigualdad salarial, baja o inexistencia de participación laboral en la organización del trabajo, segmentación de los mercados con alta presencia de informalidad, débil poder sindical y organización laboral, entre otros.

Con respeto a las raíces del modelo histórico algunos de los factores son un sesgo histórico de distribución de la tierra y usufructo con alta concentración de la tierra en unos pocos y una elevada dispersión de pequeños agricultores que constituyen más del 95% del universo de productores y que posee menos del 50% de tierra agrícola productiva, una elevada proporción de la población campesina sin título de tierra, población inmigrante desde la zona rural a la ciudad que no tienen empleo o viven de actividades informales, entre otros.

En los temas institucionales se incluyen la dedil efectividad de la actuación estatal, incluyendo los temas de planificación, ejecución, medición y control, el clientelismo, la corrupción en todas sus manifestaciones, debilidades en el ejercicio de la justicia, baja capacidad fiscal y sistema sociales y de seguridad social con marcadas inefectividad.

En el campo tributario se pueden citar el alto peso sobre impuestos indirectos (ITBIS, selectivos), bajo peso relativo de impuestos directos a la renta y al patrimonio, deuda externa que compromete al presupuesto público, amplias exenciones, alta evasión e elusión fiscal, elevado nivel de subsidios en sectores que no lo necesitan, impuesto sobre sucesiones poco efectivo, inefectividad del gasto pública,falta de enfoque estructural para combatir la desigualdad territorial, falta de cultura fiscal, entre otros.

En el plano de los factores culturales, de creencias y patrones sociopolíticos se destacan la persistencia de clientelismo y baja meritocracia, limitada capacidad del Estado para regular, coordinar y fiscalizar, desigualdad de acceso a justicia, ineficacia de la provisión y combranza del servicio eléctrico y otros servicios del Estado que permitan disponibilidades financieras para promover el gasto social, entre otros.

Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el país tiene una tasa de pobreza monetaria de alrededor del 24 % (2023), con notables disparidades entre el Gran Santo Domingo, las provincias fronterizas, y las regiones del Cibao y el Este. Provincias como Elías Piña, Bahoruco y Pedernales presentan los mayores índices de pobreza multidimensional.

A esto se suma la persistente desigualdad en el mercado laboral. La informalidad afecta al 56 % de la fuerza de trabajo, y las mujeres, jóvenes y migrantes enfrentan barreras adicionales para acceder a empleos de calidad. Asimismo, la educación y la salud presentan diferencias significativas por territorio, lo cual reproduce la pobreza intergeneracional.

El Sistema de Planificación del Desarrollo Territorial ha intentado enfrentar estos desafíos, pero aún persiste una débil articulación entre los niveles nacional y local, así como una limitada capacidad institucional en los municipios.

Entre 2010 y 2024, República Dominicana muestra una trayectoria de crecimiento económico con reducción de la pobreza, aunque con desigualdad persistente: la tasa de pobreza cayó de cerca del 39 % a alrededor del 24 %, con un repunte en 2020 por la pandemia y recuperación posterior. El PIB real mantuvo un crecimiento sostenido entre 4 % y 7 %, pero con la pandemia la economía se contrajo en un 6 %, al tiempo que colapsó los sistemas sanitarios, como ocurrió en los demás países del mundo, y en donde se exacerbó la desigualdad no solo en el República Dominicana, si no en todos los países.

Ya para en el año 2021 se reactivaron las fuerzas de crecimiento, con una alta tasa, de las cuales un porcentaje importante fue un efecto rebote, sin que este naturalmente se reflejara en una mejora estructural.

En 2024, las estimaciones indican que la pobreza monetaria cerró en un 19.0% para 2024, logrando que más de 410,000 dominicanos superaran esta condición en dos años. En este notable descenso además del impacto de varios sectores económicos como los servicios y la construcción, es importante resaltar las consecuencias positivas de otras elementos como es el caso de las políticas públicas.

En efecto, si bien el aumento del ingreso real por hogar y la recuperación del empleo han sido factores clave en la reducción de la pobreza en República Dominicana, el avance reciente no puede entenderse plenamente sin considerar el papel de las transferencias sociales y los programas públicos de apoyo. En el periodo 2022- al 2024 ha sido importante de programas como supérate, bono gas, bono luz, incentivos focalizados a los trabajadores, incrementos del salario mínimo nominal, iniciativas de apoyo a MIPyMES, entre otros.