¿Tiene sentido financiar la política en un país con tantas carencias?

En la República Dominicana, cada año el Estado destina miles de millones de pesos al financiamiento de los partidos políticos. Solo en 2026, el monto supera los RD$1,600 millones, una cifra que, aunque legalmente establecida, resulta difícil de ignorar cuando se contrasta con la realidad de un país que aún enfrenta profundas carencias sociales. Hospitales con limitaciones, escuelas que necesitan infraestructura adecuada, comunidades con altos niveles de pobreza; frente a ese panorama, surge una pregunta inevitable: ¿es justo que el Estado priorice el financiamiento de la política en estos niveles?

No se trata de cuestionar la democracia. De hecho, el financiamiento público de los partidos tiene una lógica válida: busca reducir la influencia del dinero privado, garantizar equidad en la competencia electoral y fortalecer las instituciones políticas. Este modelo no es exclusivo de la República Dominicana; países como México, España y Francia también destinan recursos estatales a sus organizaciones políticas.

Sin embargo, hay una diferencia clave: en muchos de esos países, los niveles de institucionalidad, transparencia y servicios públicos permiten sostener ese modelo sin que genere el mismo nivel de tensión social que se vive en contextos como el nuestro. Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve moral.

Porque más allá de lo que establece la ley, lo que realmente está en juego es la percepción de justicia. Y en un país donde amplios sectores luchan diariamente por acceder a servicios básicos de calidad, el financiamiento político en estos niveles puede sentirse desconectado de las prioridades nacionales. Peor aún, cuando existen dudas razonables sobre el uso de esos recursos.

En teoría, ese dinero debe servir para fortalecer la democracia: formación política, desarrollo institucional, educación cívica. En la práctica, sin embargo, persisten cuestionamientos sobre su uso real. La falta de transparencia efectiva, los informes poco accesibles al ciudadano y la debilidad en los mecanismos de fiscalización alimentan la sospecha de que no siempre se utiliza para los fines previstos.

Aunque la supervisión recae en la Junta Central Electoral, la percepción generalizada es que el control no siempre es suficiente ni oportuno. Y en democracia, la confianza es tan importante como la legalidad. Ante este panorama, el país no necesariamente necesita eliminar el financiamiento público a los partidos, pero sí repensarlo profundamente. ¿Es razonable mantener estos niveles de gasto político en medio de necesidades urgentes? ¿Están los partidos devolviendo a la sociedad el valor que reciben? ¿Existe una verdadera rendición de cuentas?

Pero más importante aún, ¿están los propios partidos dispuestos a dar el ejemplo? En tiempos donde se le exige sacrificio a la ciudadanía, la clase política tiene una oportunidad —y quizás una obligación— de actuar con mayor sensibilidad. Reducir gastos innecesarios, transparentar cada peso, limitar el uso en propaganda y, sobre todo, considerar la posibilidad de renunciar a una parte de estos fondos en momentos críticos, no sería solo un gesto simbólico. Sería una señal concreta de compromiso con el país.

Porque al final, la democracia no se fortalece únicamente con dinero. Se fortalece con confianza.

Y esa confianza no se impone por ley. Se construye con decisiones.